La Casa Blanca defendió sus políticas de deportación y sugirió que no hay planes para cambiar de curso después de una serie de redadas de inmigrantes indocumentados centroamericanos.
Las redadas, algunas durante la temporada navideña, enojaron a los aliados del gobierno del presidente Barack Obama.
El vocero presidencial Josh Earnest, dijo que "la estrategia de las acciones de cumplimiento de la ley y prioridades que el gobierno ha articulado no van a cambiar".
Earnest agregó que las redadas reflejan las principales prioridades del gobierno para la deportación: las personas convictas de cargos criminales y aquellas que han sido detenidas cruzando ilegalmente la frontera entre México y EE.UU.
El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ha dicho que las redadas perseguían a 121 personas contra las cuales se había emitido una orden de deportación.
Legisladores demócratas, grupos y activistas defensores de los inmigrantes han protestado enérgicamente la acción. Legisladores apuntaron al hecho de que al llevarse a cabo durante las festividades navideñas las redadas fueron disruptivas, han propagado el temor entre las comunidades inmmigrantes y están separando familias.
Funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con legisladores en el Capitolio con el fin de tratar de aplacar las críticas, sin que al parecer la reunión tuviera éxito.
