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Centro Carter desplegará misión electoral con "alcance limitado" para presidenciales en Venezuela


ARCHIVO - Un hombre deposita su voto frente a un mural del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez durante un ensayo de votación en una escuela pública en el barrio Catia de Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2020.
ARCHIVO - Un hombre deposita su voto frente a un mural del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez durante un ensayo de votación en una escuela pública en el barrio Catia de Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2020.

La misión electoral que desplegará el Centro Carter en las elecciones presidenciales en Venezuela tendrá “alcance limitado” y no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. 

El Centro Carter, la oenegé creada por el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, confirmó este viernes que desplegará una misión técnica de observación electoral para los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

“Dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas”, precisa un comunicado de la organización.

La misión será dirigida por Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe, quien se espera que llegue a Caracas el 29 de junio junto a un equipo de expertos.

El Centro Carter, que ha observado varios procesos en Venezuela, expuso, que además llevará a cabo su misión de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, y el Código de Conducta para los Observadores Internacionales de Elecciones, adoptado por Naciones Unidas en 2005.

El CNE invitó al Centro Carter y a otras organizaciones para observar las elecciones, de conformidad con los acuerdos sobre garantías electorales firmados por el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática en Barbados.

El mes pasado, el organismo electoral venezolano revocó y dejó sin efecto la invitación a la Misión de Observación Electoral (MOE UE) de la Unión Europea, luego de que la UE extendió “por un período más corto” las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra algunos funcionarios, entre ellos el presidente del CNE, Elvis Amoroso.

La oposición y varios países condenaron y expresaron preocupación por la medida del CNE.

El organismo electoral ratificó, sin embargo, la convocatoria a una “veeduría amplia” a la Comunidad de Estados y Caribeños (CELAC), Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniorec), el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros.

Colombia y Brasil anunciaron que no enviarán misiones de observación, mientras la ONU dijo estar evaluando la invitación del organismo electoral de Venezuela para desplegar un panel de expertos.

El gobierno de Brasil ratificó esta semana la importancia de que las elecciones presidenciales en Venezuela cuenten con una “amplia presencia de observadores internacionales”, conforme a los acuerdos de Barbados.

En 2021, una MOE UE visitó Venezuela para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, en las que parte de la oposición se negó a participar por considerarlas una “farsa”. El presidente Nicolás Maduro arremetió contra los integrantes de la misión y los calificó de “enemigos” y “espías”.

En su informe final, la MOE, entre otras cosas, observó “deficiencias estructurales” como la “falta de seguridad jurídica”, así como la carencia de independencia judicial e irrespeto al Estado de derecho que “comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones”.

Además, formuló varias recomendaciones, entre ellas el reforzamiento de la separación de poderes y “suprimir la prerrogativa” de la Contraloría General de la República de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones.

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