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¿En qué consiste y qué impacto tiene la suspensión de ayuda de EE. UU. a Guatemala?


Edificio del Ministerio Público de Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Foto de Eugenia Sagastume, VOA.
Edificio del Ministerio Público de Guatemala, en Ciudad de Guatemala. Foto de Eugenia Sagastume, VOA.

El presidente Alejandro Giammattei lamentó el impacto negativo que tendrá la decisión de Estados Unidos en su país, si bien advirtió que ya ha dado instrucciones para recabar apoyo de otros socios internacionales.

La ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público de Guatemala se canaliza a través de dos proyectos.

Uno es la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, denominado “Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público a través del Fortalecimiento Institucional”, que empezó en 2020 por un periodo de 3 años con un aporte de 4,5 millones de dólares.

El segundo es “Justicia y Transparencia”, previsto por 5 años desde 2020, por un monto de tres millones de dólares a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

Según la oficina de comunicación del Ministerio Púbico la ayuda incluye asistencia técnica, consultorías, equipo y mobiliario, sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, en una entrevista con Radio Sonora, afiliada a la Voz de América, aseguró que el anuncio de la suspensión temporal de la ayuda no afectará el funcionamiento del ente investigador.

“Por la debida administración del presupuesto, el Ministerio Público está en la capacidad de seguir funcionando normalmente con su propio presupuesto”, indicó.

En medio de la controversia, el Ministerio Público divulgó una carta enviada por la fiscal general al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, donde explica los motivos de la destitución del principal fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval y le pide que se informe al Congreso y al Senado estadounidense de los “graves hechos que atentan contra la justicia guatemalteca”.

Mientras, el presidente Alejandro Giammattei, dijo en un comunicado que se siente preocupado por lo que describe como el impacto negativo que tendrá la decisión de Estados Unidos y considera necesario que no se “cierre la comunicación y se tenga la oportunidad de discutir las razones”.

Para el analista político Cristhians Castillo, el retiro de la ayuda económica no es significativo en el funcionamiento de la institución, pero sí tiene un impacto político.

“El impacto y el jalón de orejas es más un mensaje político, muy contundente, más allá de lo que representa la cooperación en términos financieros, esa frase de ‘le perdimos la confianza a la fiscal Consuelo Porras’ es muy significativa, sumamente simbólica”, explicó.

Castillo resalta que aún se espera la postura oficial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, como representante directo del gobierno de Joe Biden.

Dijo además que la cooperación de Estados Unidos ha sido importante para la implementación de las agencias fiscales municipales y departamentales en todo el país, pero que la misma fiscal, Consuelo Porras, ha indicado que el funcionamiento de las mismas está contemplado en el presupuesto del Ministerio Público, por lo cual el retiro de la ayuda no significaría una “parálisis” para las actividades diarias del ente investigador.

También recordó que el apoyo a Sandoval había sido reiterado en múltiples ocasiones por el gobierno de Estados Unidos, a través de diferentes actores que visitaron el país, así como con el premio “Campeones Internacionales Anticorrupción” que le fue otorgado en febrero por el Departamento de Estado.

Escenarios

El analista político Cristhians Castillo. Foto cortesía.
El analista político Cristhians Castillo. Foto cortesía.

“No veo a una Consuelo Porras renunciando”, dijo Castillo, porque asegura que pese a la decisión considerada por muchos como arbitraria, no es una causal de un delito grave, y no existe una presión por la vía judicial que la lleve a una renuncia inmediata.

Tampoco considera que pueda darse una destitución, pues la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 14, establece que el presidente de la república podrá remover al fiscal general por causa justificada debidamente establecida y esa causa se da ante la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya una sentencia ejecutoria debidamente establecida.

Es decir, es un escenario difícil de conseguir en este momento.

Sin embargo, Castillo asegura que la restitución del fiscal Sandoval, solicitado por organizaciones sociales y ciudadanos, es otro escenario poco probable, pues sería una doble derrota política no solo para Consuelo Porras, sino para sus aliados.

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