Un jurado de Nueva York encontró culpable, el lunes, a un hondureño acusado de tratos criminales con el presidente del país, Juan Orlando Hernández, y otros funcionarios de alto rango, de tres cargos de tráfico de drogas y cargos relacionados con armas.
Según los fiscales, Geovanny Fuentes Ramírez, quien fue arrestado en Miami en marzo de 2020, ingresó drogas de contrabando a Estados Unidos con la ayuda de Hernández, quien ha sido presidente desde 2014.
El veredicto es el más reciente caso en el que se alega que Hernández ha estado involucrado en el tráfico de drogas a Estados Unidos, a pesar de millones en asistencia de seguridad estadounidense a Honduras, que los fiscales durante el juicio llamaron un "narcoestado".
"Juan Orlando Hernández no solo quería el efectivo del acusado, quería acceso a la cocaína del acusado", dijo el fiscal federal adjunto Michael Lockard, refiriéndose a un laboratorio de cocaína que se dice que Fuentes controlaba en Honduras.
Un contador de la firma donde se dice que Hernández y Fuentes se conocieron dijo que vio a Fuentes pagar a Hernández 25.000 dólares en sobornos para acceder al laboratorio de cocaína y a protección. Un jefe de una banda de narcotraficantes hondureños también testificó haber pagado sobornos a Hernández.
Hernández niega haber actuado mal y dice que los traficantes capturados han falsificado pruebas para difamarlo y reducir sus sentencias.
Cualquier narrativa que omita la caída del "95%" en el tráfico de drogas que había logrado su gobierno es simplemente "falso testimonio de los narcos que derrotamos", dijo Hernández en Twitter después del veredicto.
El Departamento de Justicia de EE. UU., que normalmente no persigue a líderes extranjeros, no ha acusado a Hernández de ningún delito.
Los fiscales estadounidenses buscan cadena perpetua para su hermano, Tony Hernández, un excongresista hondureño condenado por tráfico de drogas en 2019. Alegan que el presidente Hernández fue parte junto a su hermano de la "conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado.
La última acusación contra Hernández podría complicar los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para abordar las causas de la migración desde Centroamérica, incluida Honduras.
