El orteguismo intenta “cortar flujos” de fondos a opositores de cara a 2021

El proyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” que introdujo la semana pasada en la secretaría de la Asamblea Nacional de Nicaragua la fracción sandinista, leal al presidente Daniel Ortega, buscaría cercenar los recursos financieros que recibiría la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, según legisladores y analistas que censuran la normativa.

Los diputados sandinistas, que ocupan 70 de los 91 asientos del Parlamento, presentaron el 22 de septiembre de 2020 un proyecto de ley que, de aprobarse, impedirá que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales puedan intervenir en las políticas internas del país.

Según sus estatutos, los ciudadanos quedan categorizados entre “verdaderos” y “agentes extranjeros”. A estos últimos, se les suspende sus derechos políticos. También, se autoriza la confiscación de sus fondos y de sus bienes.

La ley, bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la “seguridad del Estado”, prohíbe a personas y organizaciones “que respondan a intereses y financiamiento extranjero”, intervenir en “temas de política interna”.

Quienes laboren como “consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos para o en interés de gobiernos, empresas o fundaciones extranjeras” también estarán regidos por esa ley.

Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista e integrante de la comisión económica del Parlamento que discutirá previamente la ley, considera que el documento esconde ambiciones e intenciones políticas.

“Queda claro que el gobierno (de Daniel Ortega) se está preparando para cortar el flujo de recursos que van a recibir las organizaciones opositoras en un proceso de consolidación de la unidad, organización y preparación para unas eventuales elecciones (presidenciales) de 2021”, comentó la legisladora a la Voz de América.

Oposición "pobre", gobierno rico

La ley obliga a todo aquel que reciba fondos del extranjero -a excepción de receptores de remesas o empresas de actividades económicas- a inscribirse en un “Registro de Agentes Externos”, bajo el control del Ministerio de Gobernación.

Otro capítulo prohíbe expresamente el financiamiento de “cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

La diputada Castillo opina que el sandinismo siente que pudiera existir una competencia “entre la pobre oposición y semejante gobierno, que maneja toda la institucionalidad y los recursos” de Nicaragua.

Ella interpreta la ley como un nuevo episodio de “represión” contra las organizaciones no gubernamentales. Cree que es una respuesta interna de Ortega y sus aliados a las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos contra funcionarios del poder ejecutivo nacional.

“Va a afectar la privacidad, la seguridad y el derecho que tienen los nicaraguenses más vulnerables de poder recibir apoyo para hacer realidad su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos fundamentales”, advierte.

Castillo prevé, además, que el orteguismo allana el camino para “forzar un diálogo” con cooperación internacional. La ley sobre los “agentes extranjeros” sería una moneda de cambio o compensación de Ortega en esas conversaciones, opina.

Impacto económico

La legislación también tendrá afectaciones “muy serias” para la economía de Nicaragua, según explica a la VOA José Pallais, abogado y exviceministro de gobierno y relaciones internacionales.

“Está diseñada con una amplitud exagerada. Pone como sujeto de la ley a toda persona que tiene relación con el extranjero, que recibe recursos por cualquier causa o para cualquier destino. Es la legislación más amplia, si se compara con la rusa, la venezolana o la cubana”, advierte.

Pallais prevé un cierre aún mayor de la economía nacional por su incidencia en las trabas para las inversiones, transferencias bancarias y el comercio.

“Está llegando Ortega al sumum del totalitarismo y, desde luego, tiene objetivos políticos muy claros, pero, para afectar, reprimir y controlar a todos los ciudadanos, va a perjudicar el desempeño económico del país en una situación donde ya estamos viviendo una recesión”, insiste.

Su efecto no se circunscribe exclusivamente a asuntos políticos, coincide, por su parte, el excontralor general Agustín Jarquín Anaya. Teme que el posible retiro de organismos de cooperación internacional merme la economía nicaragüense.

“Ese dinero no entra al país y, con todo, con ese dinero se contratan bienes y servicios, eso tiene un impacto en la economía local: ya no se van a contratar gentes, ya no se van a pagar alquileres, ya no se van a pagar servicios, ya no se van a hacer cosas que se hacían con esa cooperación”, dijo Jarquín Anaya a la VOA.

Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, considera que la nueva ley genera “inseguridad” y “desconfianza” entre quienes cooperan desde el extranjero con las fuerzas democráticas de Nicaragua.

La ley es “aberrante” para la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, integrada por al menos 100 organizaciones, según el diario Confidencial. La organización pidió que los sandinistas archiven el proyecto, que tachó, además, como una norma que segrega a la población entre quienes simpatizan o no con Ortega.

Diputados sandinistas, como Wilfredo Navarro, explicaron en sesión parlamentaria que la ley serviría al Estado para prevenir “cualquier intento de menoscabar” los derechos del pueblo por lo que llamó “injerencia extranjera”.

La introducción de la nueva normativa ocurre dos semanas luego de la notificación de la confiscación de bienes del Canal 12, crítico de Ortega, medida aún no ejecutada, y de la promoción de la pena de cadena perpetua para “crímenes de odio” de parte del presidente.

La crisis política en Nicaragua se intensificó desde abril de 2018, cuando la represión de manifestaciones públicas contra el gobierno de Ortega terminaron en al menos 300 muertos, cientos de detenidos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

(Con la colaboración de Houston Castillo y Daliana Ocaña, en Nicaragua)