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El Salvador deberá rendir cuentas a CIDH por medidas cautelares a periodistas


En la imagen de archivo la bandera nacional de El Salvador cuelga frente al Consulado General de El Salvador en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.
En la imagen de archivo la bandera nacional de El Salvador cuelga frente al Consulado General de El Salvador en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

CIDH exigió en febrero pasado a la Administración Bukele adoptar “las medidas necesarias” para preservar la vida y la integridad de 34 periodistas miembros de la redacción del periódico independiente El Faro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que ha convocó de oficio, para el jueves 24 de junio, al Estado Salvadoreño para que notifique sobre la implementación de las medidas cautelares, que este organismo exigió, a favor de 34 periodistas del periódico digital El Faro.

La reunión, de carácter privado, se llevará a cabo de forma virtual y se realiza en el marco de la 180 período de sesiones del CIDH, según informó el organismo en su cuenta de Twitter.

Las medidas fueron otorgadas, a favor de todo el plantel de periodistas del medio de comunicación salvadoreño - en el mes de febrero de 2021 - después que la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaran la petición ante el organismo de derechos humanos, el 6 de noviembre del 2020.

Ambas instituciones alegaron que los profesionales de la comunicación debían "desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio a la libertad de expresión".

“Se espera que el Estado (de El Salvador) informe sobre las acciones implementadas para garantizar la seguridad y el goce de pleno de derechos al personal del medio de comunicación”, citó DPLF con relación a la convocatoria.

La institución también explicó a través de un tuit que el acompañamiento es "en aras de que se proteja la vida, seguridad e integridad de este grupo de periodistas".

Entre algunas de las situaciones que los profesionales tenían que enfrentar, y que fueron expuestas por DPLF y CEJIL, así como por el mismo medio de comunicación, se encontraban: “amenazas por parte de instituciones de Gobierno, fiscalización y rendición de cuentas; campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado; estigmatización y acoso en las conferencias de prensa, etc.”

Luego de estudiar el caso CIDH consideró que los profesionales se encontraban en una situación de "gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos"; por lo que pidió al gobierno de Nayib Bukele adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los 34 periodistas.

Desde la llegada al poder del presidente Bukele, su relación con la prensa ha sido tensa. Anteriormente el mandatario afirmó que su gobierno estaba comprometido “con la libertad de expresión”.

En un mensaje a la nación el 24 de septiembre de 2020, aseveró que algunos medios se dedicaban a publicar “una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad".

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