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El Salvador presenta acusación contra exencargado de transparencia pública


El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, llega a una audiencia por cargos de corrupción en San Salvador, El Salvador, el 26 de marzo de 2018.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, llega a una audiencia por cargos de corrupción en San Salvador, El Salvador, el 26 de marzo de 2018.

La acusación penal señala a Rafael Hernán Contreras por favorecer al expresidente Antonio Saca, condenado por desviar millones de dólares de las arcas del estado para beneficio propio.

El expresidente de la Corte de Cuentas de El Salvador, Rafael Hernán Contreras, ha sido acusado por el Fiscalía General de la República por, presuntamente, favorecer al expresidente Elías Antonio Saca en las auditorías realizadas del dinero asignado a la presidencia durante el mandato de éste entre 2004-2009. Saca fue condenado en 2019 por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.

Un grupo de fiscales Contra la Impunidad presentó el requerimiento en un juzgado de la ciudad San Salvador para que el exfuncionario pueda ser procesado por el delito de falsedad ideológica o uso de documentos falsos.

La agencia de noticias Associated Press reporta que el ministerio también pidió que Contreras sea procesado por el delito de incumplimiento de deberes por considerarlo autor principal de ese delito.

2019 Contreras, de 79 años, pagó una fianza de 25.000 dólares para evitar una detención provisional. Un Juzgado decidió que la Fiscalía debía seguir las investigaciones mientras el acusado cumplía medidas sustitutivas por problemas de salud.

La Fiscalía mantiene que hubo irregularidades en las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas, bajo el mando de Contreras (2002-2011), a la partida de gastos reservados de la presidencia en la administración de Saca, y que, Contreras entregó de manera expedita “un finiquito” de forma pública exonerando de toda responsabilidad al exmandatario,que en septiembre de 2018 confesó ante un juez que desvió más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.

Saca aceptó que cuando asumió la presidencia el 1 de junio de 2004 y firmó el reglamento para el manejo de gastos reservados, ordenó la creación de cuentas bancarias para mover el dinero y que lo hizo como se había hecho en gobiernos anteriores.

Junto a Saca fueron acusados tres de sus exfuncionarios más cercanos.

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