Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, que se ha traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos.
Entre los sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras empresariales integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, cuyo presidente, José Adán Aguerri, destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma.
Destaca el caso del peruano estadounidense, Jorge Raúl Ayala, de 78 años de edad, que residía en la isla de Ometepe, en el Lago de Nicaragua. Fue asesinado por varios sujetos que ingresaron en su residencia con la intención de robarle. Días más tarde, la policía informó de la detención de dos sujetos y de la recuperación de parte de lo robado.
"Por primera vez hemos visto un asesinato en la Isla de Ometepe, por lo que esto ha provocado una situación de alarma en el sector turístico de la isla, hemos conocido de muchos asaltos que se están dando, robos en diferentes balnearios del país. Está la inseguridad de las rutas de distribución y la inseguridad que se dio a partir del 2018 en la propiedad privada¨, dijo durante una conferencia de prensa reciente el líder de la cúpula empresarial.
Consultado por la Voz de América, el diputado sandinista, Wilfredo Navarro, negó los señalamientos realizados por la empresa privada alegando que Nicaragua continúa siendo un país seguro, y que el mayor riesgo a la tranquilidad de la población y los inversionistas extranjeros es provocada por los opositores al gobierno.
Sin embargo aumentan las denuncias acerca del incremento de asaltos que también están ocurriendo en balnearios. Además se han registrado robos en la ruta de distribución de productos que las empresas utilizan para abastecer a los departamentos.
Al mismo tiempo, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018, en medio de la crisis política que todavía afecta a Nicaragua.
Según ha informado la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, se han producido al menos tres tomas de tierras en el departamento de León y en el norte del país.
Desde el 2018, tras las protestas sociales que ocurrieron en el país, simpatizantes sandinistas tomaron posesión ilegal de 10.345 manzanas de tierras, en al menos siete departamentos del país. Aunque muchas de estas ya habían sido devueltas, en días recientes se reportaron nuevos incidentes de este tipo.
La socióloga Elvira Cuadra explicó a la Voz de América que a partir de ese año 2018, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
"La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión que a las actividades relacionadas con la prevención. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno y total impunidad, hay una gran cantidad de armas de fuego, particularmente armas de guerra, que están en manos de civiles, particularmente de estos grupos paramilitares y que se han convertido en un instrumento de violencia", explicó la experta.
Según Cuadra, otro elemento que ha aumentado la inseguridad ciudadana en el país es “el discurso de violencia y odio que se está manejado desde la presidencia y que promueve este tipo de comportamiento”.
Agrega además a estos motivos la liberación de al menos 2.000 reos comunes. Según Cuadra, algunos de los liberados continúan cometiendo actos delinctivos.
Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial sobre el Índice de Competitividad Global 2018 - 2019, muestra a Nicaragua como el país más seguro del continente americano en lo que respecta de la percepción empresarial sobre el crimen organizado. En el pasado InSight Crime ubicó a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica al exhibir la tasa más baja de homicidios entre las capitales latinoamericanas.
Actualmente es el país más expuesto al lavado de activos en la región y la inseguridad jurídica se ha agravado por la invasión de tierras y asaltos a comercios y privados.
La violencia política también se ha instensificado, según activistas, políticos y grupos de derechos humanos. La Iglesia Católica ha denunciado una serie de ataques a sus templos. La pasada semana, por ejemplo, un incendio destruyó una capilla en la Catedral de Managua. El cardenal Leopoldo Brenes calificó el hecho como un "atentado terrorista". Pero la policía insiste en que fue un accidente ocasionado por una candela veladora y que no hubo mano criminal.
