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Entra en vigor en Nicaragua ley que anula competencia política


Imagen de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Nicaragua. [Foto: Cortesía]

El proyecto de ley establece que no podrán optar por cargos de elección popular “los nicaragüenses que lideren o financien un golpe de Estado".

La Ley “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que anula la competencia política para los comicios generales de 2021 en Nicaragua, entró en vigencia en menos de 24 horas de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional.

Analistas políticos consultados por la Voz de América sostienen que es "ilegal", porque violenta la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales a los que el país está suscrito.

El proyecto de ley establece que no podrán optar a cargos de elección popular “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación” de Nicaragua.

Un argumento que inhibe a la oposición del país, a la que el gobierno acusa de un “intento fallido de golpe de Estado”, en referencia a las masivas protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018.

El politólogo Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó que la ley incurre en ilegalidades de carácter constitucional.

Felix Madariaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, [Foto: Cortesía]
Felix Madariaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, [Foto: Cortesía]

"Esta iniciativa de ley parece estar sacada del recobeco más absurdo del Carmen (casa presidencial), en el fondo más bien es una iniciativa de una dictadura abandonada. Es una patraña que llevaría a inhibir electoralmente a millones de personas en Nicaragua que seguiremos pidiendo sanciones focalizadas para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad", enfatizó.

Los opositores, además, acusan al gobierno de intentar fabricar un "circo electoral" con esta Ley que, afirman, únicamente expone las elecciones nacionales a ser desconocidas por la comunidad internacional.

Mientras el jurista, José Pallaís, sostiene que la reciente Ley "es totalmente inconstitucional y, en consecuencia, es nula y sin ningún valor, así lo determina el artículo 182 de la Constitución cuando se refiere a que todas aquellas leyes que contravienen la Constitución de la República carecen de valor alguno".

Añade que sumada a las otras iniciativas aprobadas por el gobierno este año, como La Ley de regulación de agentes extranjeros y la Ley del ciberdelito, "Ortega está estableciendo todo un sistema para construir un fraude institucional o sistémico que impida a la población nicaragüense expresarse libremente con el voto, es decir, está asegurando desde ya su continuidad arbitraria en el ejercicio del poder".

En tanto, la presidenta del Centro Nicaraguenses de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a la Voz de América que, al aplicar esta ley, el gobierno incurre en una clara violación a los derechos de participación política que es un derecho universal, contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaraguenses de Derechos Humanos. [Foto: Cortesía]
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaraguenses de Derechos Humanos. [Foto: Cortesía]

"Eso no es ley, eso prácticamente es una violación a través de una cosa que no se pude llamar ley. Jurídicamente no tiene todos los requisitos para ser una ley, contradice las normas de convivencia internacional, viola todos los tratados, es completamente antijurídica y anti derechos humanos", manifestó.

La iniciativa enviada directamente por el presidente Daniel Ortega llega en momentos en que la oposición y la misma comunidad internacional espera que el gobierno implemente reformas al sistema electoral para el desarrollo de elecciones libres, justas, transparentes y observadas en 2021.

La Asamblea General de la OEA, en octubre pasado, aprobó una resolución en la que demanda al gobierno de Ortega que reforme el sistema electoral para dar estas garantías, con plazo a mayo de 2021.

El mismo organismo calificó la actual Ley como "el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al gobierno".

"Es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos", condenó el organismo hemisférico.

Sin embargo, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, defendió la nueva legislación señalando que está dirigida a los "traidores de la patria", perfectamente descritos, a su criterio, en el artículo uno contenido en la ley.

“Traidores a la patria. ¿Cómo los conocemos? ¿Cómo sabemos de su odio, de su servilismo a intereses foráneos? ¿Cómo sabemos de su vergonzosa esclavitud? Esclavos, esclavos del imperio, corren al silbato del amo, ahí van, se movilizan, como las manadas, al silbato del amo, qué vergüenza, qué vergüenza”, acusó Murillo.

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