El asesinato de una agente de policía en Chile remeció el lunes al gobierno y los diputados, que suspendieron sus actividades para acelerar la tramitación de proyectos de ley sobre seguridad relacionados con ataques a efectivos policiales.
Fue el segundo crimen de un policía en menos de dos semanas y golpeó fuerte en la sede de gobierno porque el propio presidente Gabriel Boric y varios de sus actuales ministros rechazaron en 2021, cuando eran diputados, uno de los proyectos que ahora se busca agilizar.
La sargento Rita Olivares fue asesinada el fin de semana cuando participaba en un procedimiento policial. El asesinato de otro policía a mediados de mes llevó al máximo jefe de la fuerza, general Ricardo Yáñez, a clamar “ya basta, ya basta” y pedir la aprobación de proyectos de ley de seguridad que los protegen. Fue recriminado por el gobierno.
Boric reiteró esta jornada el respaldo del gobierno a la policía y anunció que personalmente acompañará a la fuerza en “procedimientos operativos” para enfatizar su apoyo, pero no dio detalles.
Su ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró después que el mandatario buscó con sus dichos reforzar el apoyo a la policía, no generar “situaciones imprudentes o inadecuadas” como sería acompañarlos en operativos en terreno.
El gobierno coordinó con las autoridades del Legislativo dar rápido curso a las iniciativas -algunas de las cuales vienen desde hace varios años- para que luego sean tramitadas en el Senado.
El incremento de la violencia es el principal problema que enfrenta el mandatario, según coincidentes encuestas, que esta semana bajó cinco puntos en la aprobación ciudadana.
Los diputados, por su parte, interrumpieron el trabajo en terreno que les correspondía esta semana y agendaron la tramitación de varios proyectos, entre ellos sobre el sicariato, los secuestros y la extorsión, a los cuales el gobierno les puso urgencia en su tramitación luego del asesinato de un policía a mediados de marzo.
Uno de los proyectos que le interesa a la policía es para ampliar el concepto de legítima defensa. Actualmente muchos agentes que usan sus armas y hieren o matan en esas circunstancias a sus agresores son suspendidos y deben declarar como posibles culpables.
Francisco Chahuán, presidente del opositor partido Renovación Nacional, advirtió al gobierno que sus diputados no legislarán ningún proyecto que no sea de seguridad.
A comienzos de año la oposición abandonó una mesa de negociaciones con el gobierno que buscaba un acuerdo sobre cómo enfrentar la delincuencia luego de que Boric indultó el 30 de diciembre a 12 condenados en el marco del estallido social de 2019 y a un exguerrillero que participó de un asalto bancario.
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