La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron a Venezuela a “abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional", cuya implementación podría generar restricciones arbitrarias a la labor de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ambos organismos expresaron su preocupación por la medida, la cual -desde su perspectiva- posee un “lenguaje ambiguo” que se presta a un “interpretación subjetiva por parte de autoridades".
El temor de la CIDH y RELE es que la ley sea usada para ejecutar una “cancelación arbitraria” de organizaciones de derechos humanos críticas a los intereses del gobierno de Nicolas Maduro.
La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional dio a conocer el anteproyecto, que contempla “la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil” que, desde el punto de vista del Estado venezolano, “promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales” contra la República.
La iniciativa, que aún se discute, contempla la creación del Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales, cuya inscripción sería de carácter obligatorio.
“Si bien la obligación de garantizar el derecho de asociación no impide reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones […] los requisitos legales que se impongan no deben impedir, retrasar o limitar la creación o funcionamiento de estas organizaciones”, afirmaron los organismos en un comunicado de prensa.
La CIDH también afirmó que no es la primera vez que el gobierno de Maduro quiere imponer restricciones a organizaciones de derechos humanos.
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