La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al estado salvadoreño a que adopte medidas que garanticen los derechos de los presos en los centros penitenciarios.
“Que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas detenidas en los centros penitenciarios donde se han implementado las medidas que responden a la emergencia máxima”, reclamó la institución en un comunicado, fechado el 29 de abril.
El comunicado se hizo después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenara establecer una emergencia máxima en los centros penales en donde se encuentran detenidos miembros de pandillas, también conocidas como maras, a las que el mandatario acusó directamente de causar la escalada de asesinatos en el país centroamericano a finales de abril.
Asimismo, la CIDH hizo referencia a las medias específicas que restringen los derechos de los reclusos.
“En particular, entre las medidas a adoptar destacan el encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario aplicado a los dirigentes de las organizaciones criminales, el cese de toda comunicación de las personas detenidas con sus familiares y la suspensión de cualquier actividad”, reza el documento.
Si bien, la CIDH aclara que entiende la responsabilidad del Estado en prevenir y combatir la criminalidad, expresan que la vigencia permanente de esas medidas extraordinarias son de especial preocupación porque implican graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El organismo se refiere específicamente a las acciones de aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas.
También, en la publicación, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, dijo que mantener a integrantes de distintas pandillas mezclados en un mismo espacio puede causar peleas internas que deriven en motines que causen muertes o heridos de gravedad.
“La CIDH recuerda que El Salvador debe garantizar condiciones de detención acordes con la dignidad de toda persona, proveer servicios de salud a la población penitenciaria y aplicar el régimen de aislamiento de conformidad con estándares internacionales en la materia”, reza el comunicado, que agrega que estas medidas son especialmente urgentes en medio de la pandemia del COVID-19.
