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Cierran municipio de El Salvador en busca de pandilleros que asesinaron a policía


ARCHIVO - Presos identificados por las autoridades como pandilleros están sentados en el piso de la prisión del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, en marzo de 2023.
ARCHIVO - Presos identificados por las autoridades como pandilleros están sentados en el piso de la prisión del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, en marzo de 2023.

Este es el cuatro cerco de seguridad que establece el gobierno en el marco del régimen de excepción. El primero fue en Comasagua, en octubre, cuando se desplegaron más de 2.000 soldados apoyados por la policía para perseguir a pandilleros de la Mara Salvatrucha tras asesinar a un campesino.

Más de 5.000 soldados apoyados por unos 500 policías cerraron el miércoles un municipio del norte de El Salvador para perseguir a un grupo de pandilleros a los que las autoridades responsabilizan del asesinato de un agente de la policía nacional.

En su cuenta oficial de Twitter el presidente Nayib Bukele informó del desplazamiento de los uniformados al municipio de Nueva Concepción, "en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”.

“Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, agregó el mandatario.

Bukele dijo que las muertes violentas como la del agente de la policía nacional son la muestra de la necesidad de continuar con el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para perseguir a las maras o pandillas, a las que las autoridades acusan de la mayoría de los crímenes que se comenten en el país centroamericano.

Unidades de la policía respaldadas por soldados tomaron control de la carretera de acceso a Nueva Concepción, ubicada a 74 kilómetros al norte de San Salvador, donde registraban a las personas que entraban o salían del lugar para identificar y neutralizar a los pandilleros.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales enel marco del estado de excepción, que suspende varios derechos constitucionales como el de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de su detención, así como contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Según cifras oficiales, más de 68.500 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados desde marzo del año pasado, de los cuales más del 90 % tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. En tanto, más de 5.000 detenidos han sido liberados porque no se los pudo vincular con esas estructuras criminales.

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