El gobierno colombiano firmó un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) que permitirá que algunas condenas de ese tribunal sean cumplidas en Colombia.
El presidente de la CPI Sang-Hyun Song recibió un informe sobre "crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por los paramilitares" de extrema derecha y "crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por la guerrilla, con especial énfasis en reclutamiento y violencia contra niños, niñas y adolescentes", señala Christian Salazar, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Colombia es el primer país en Latinoamérica en firmar este tipo de acuerdo, y el juez espera que esto aliente a otros países a seguir su ejemplo.
Colombia ha sido escenario de décadas de combates entre guerrillas comunistas y grupos armados de extrema derecha, asociado todo ello en muchas regiones con el narcotráfico. Si bien, el informe también trata de las "ejecuciones extrajudiciales, cometidas presuntamente en su mayoría por miembros de la fuerza pública colombiana", apunta Salazar.
La Corte Penal Internacional tiene similares acuerdos con Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Serbia.
El análisis de los delitos cometidos por guerrilleros y paramilitares se hizo a la luz de una ley de Justicia y Paz, que beneficia a los desmovilizados de los grupos armados ilegales con penas de hasta ocho años de prisión, como máximo, a cambio de que confiesen sus delitos y reparen a las víctimas.
La ley fue aprobada en 2005 como parte de la negociación de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha).
La negociación concluyó en 2006 con la desmovilización de unos 32.000 combatientes de esas organizaciones. En 2008, 13 de los más importantes jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, donde se les acusa por narcotráfico, indica la agencia France Press.
