La imagen de un pueblo desgarrado por una guerra fratricida que en medio siglo ha causado un número tan incalculable como aterrador de muertos podría ser pronto cosa del pasado de prosperar las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pactadas para dar inicio el 8 de octubre próximo en Oslo, Noruega, y proseguir luego en La Habana, Cuba.
El más esperanzado es el pueblo colombiano, que ha visto impotente cómo se desangra el país luego de dos intentos fallidos por lograr la paz, el último de ellos durante las conocidas como negociaciones del Caguán, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002.
Esta vez, el llamado “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, ha dicho desde La Habana que la guerrilla está “en un proceso muy serio y muy profundo” y que quiere “preservarlo”. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha asegurado que "tiene toda la determinación para poner fin al conflicto" y ha puesto de plazo “meses” y “no años” para llevar a buen término las negociaciones.
La decisión de Santos es respaldada por el 77 por ciento de los colombianos y el 54 por ciento de ellos dijeron sentirse optimistas sobre el resultado del diálogo, según un sondeo difundido esta semana en Bogotá por la firma Ipsos Napoleón Franco. Sólo el 23 por ciento de los encuestados manifestaron que no aprueban el inicio de las conversaciones con las FARC.
Los obstáculos que aún quedan por sortear para que las negociaciones fructifiquen todavía son muchos. El primero de ellos, y tal vez el mayor, es el de poder conjugar justicia y paz, puesto que sobre los cabecillas de las FARC pesan infinidad de delitos. Sólo por citar un caso, el principal negociador de la guerrilla, Iván Márquez, acumula 28 condenas a prisión y 198 órdenes de captura.
Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro con extorsión, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión figuran entre los cargos imputados a Márquez por la justicia colombiana.
Para Estados Unidos, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, es uno de los “terroristas” más buscados e integra la lista de medio centenar de jefes de las FARC imputados desde 2006 como responsables de narcotráfico. De hecho uno de los principales negociadores designados por la guerrilla, alias Simón Trinidad, cumple 60 años de cárcel tras ser extraditado en 2004 a EE.UU. y enjuiciado por secuestro y tráfico de drogas.
El “canciller” Granda dijo que las FARC se siguen oponiendo terminantemente a la extradición de guerrilleros a EE.UU. por “un problema de soberanía nacional” y que por lo tanto habría que “ cambiar algunos artículos de la Constitución” colombiana.
A cambio de deponer las armas, en adición a sumarse a la vida polìtica del país las FARC buscarían inmunidad para sus jefes, otro hueso duro de roer en las negociaciones porque ya la Comisión de Paz del Congreso de Colombia advirtió que los inculpados por delitos de lesa humanidad "no pueden ser objeto de indultos ni amnistías".
Según la encuesta de Ipsos, el 68 por ciento de los colombianos no está de acuerdo con el perdón para los guerrilleros y el 80 por ciento opinó que los que han sido capturados no deben salir de las cárceles. Además, el 65 por ciento no ve con buenos ojos que el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea uno de los "acompañantes" del proceso.
Eso sin contar que observadores subrayan que La Habana no es un sitio neutral ni adecuado para negociar la paz, porque durante décadas el régimen de la isla dio refugió, entrenó, financió y auspició a movimientos guerrilleros en Latinoamérica, incluida las FARC. Cuba sigue figurando además en la lista del Departamento de Estado de los países que patrocinan el terrorismo.
Otro asunto espinoso en la agenda, si finalmente se acuerda la desmovilización de las FARC, es el de los niños guerrilleros y si estos declaran contra sus captores o se les hace asumir la responsabilidad de los delitos que han cometido.
De acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en la última década decidieron desmovilizarse 3.400 guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estaban en sus filas desde que eran niños. Al igual que Pinzón, muchos colombianos siguen considerando "intolerable" y "perverso" el reclutamiento forzoso de menores por parte de ambas guerrillas.
El más esperanzado es el pueblo colombiano, que ha visto impotente cómo se desangra el país luego de dos intentos fallidos por lograr la paz, el último de ellos durante las conocidas como negociaciones del Caguán, bajo el mandato del entonces presidente Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002.
Esta vez, el llamado “canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, ha dicho desde La Habana que la guerrilla está “en un proceso muy serio y muy profundo” y que quiere “preservarlo”. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha asegurado que "tiene toda la determinación para poner fin al conflicto" y ha puesto de plazo “meses” y “no años” para llevar a buen término las negociaciones.
La decisión de Santos es respaldada por el 77 por ciento de los colombianos y el 54 por ciento de ellos dijeron sentirse optimistas sobre el resultado del diálogo, según un sondeo difundido esta semana en Bogotá por la firma Ipsos Napoleón Franco. Sólo el 23 por ciento de los encuestados manifestaron que no aprueban el inicio de las conversaciones con las FARC.
Los obstáculos que aún quedan por sortear para que las negociaciones fructifiquen todavía son muchos. El primero de ellos, y tal vez el mayor, es el de poder conjugar justicia y paz, puesto que sobre los cabecillas de las FARC pesan infinidad de delitos. Sólo por citar un caso, el principal negociador de la guerrilla, Iván Márquez, acumula 28 condenas a prisión y 198 órdenes de captura.
Homicidio en concurso con terrorismo, homicidio agravado, secuestro con extorsión, hurto calificado agravado, reclutamiento ilícito de menores, tentativa de homicidio agravado, terrorismo, lesiones personales, y rebelión figuran entre los cargos imputados a Márquez por la justicia colombiana.
Para Estados Unidos, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, es uno de los “terroristas” más buscados e integra la lista de medio centenar de jefes de las FARC imputados desde 2006 como responsables de narcotráfico. De hecho uno de los principales negociadores designados por la guerrilla, alias Simón Trinidad, cumple 60 años de cárcel tras ser extraditado en 2004 a EE.UU. y enjuiciado por secuestro y tráfico de drogas.
El “canciller” Granda dijo que las FARC se siguen oponiendo terminantemente a la extradición de guerrilleros a EE.UU. por “un problema de soberanía nacional” y que por lo tanto habría que “ cambiar algunos artículos de la Constitución” colombiana.
A cambio de deponer las armas, en adición a sumarse a la vida polìtica del país las FARC buscarían inmunidad para sus jefes, otro hueso duro de roer en las negociaciones porque ya la Comisión de Paz del Congreso de Colombia advirtió que los inculpados por delitos de lesa humanidad "no pueden ser objeto de indultos ni amnistías".
Según la encuesta de Ipsos, el 68 por ciento de los colombianos no está de acuerdo con el perdón para los guerrilleros y el 80 por ciento opinó que los que han sido capturados no deben salir de las cárceles. Además, el 65 por ciento no ve con buenos ojos que el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea uno de los "acompañantes" del proceso.
Eso sin contar que observadores subrayan que La Habana no es un sitio neutral ni adecuado para negociar la paz, porque durante décadas el régimen de la isla dio refugió, entrenó, financió y auspició a movimientos guerrilleros en Latinoamérica, incluida las FARC. Cuba sigue figurando además en la lista del Departamento de Estado de los países que patrocinan el terrorismo.
Otro asunto espinoso en la agenda, si finalmente se acuerda la desmovilización de las FARC, es el de los niños guerrilleros y si estos declaran contra sus captores o se les hace asumir la responsabilidad de los delitos que han cometido.
De acuerdo con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en la última década decidieron desmovilizarse 3.400 guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estaban en sus filas desde que eran niños. Al igual que Pinzón, muchos colombianos siguen considerando "intolerable" y "perverso" el reclutamiento forzoso de menores por parte de ambas guerrillas.
