La Corte Suprema argentina declaró constitucional la Ley de Medios que prohíbe la acumulación de licencias de aire y de cable, en detrimento de las grandes empresas de medios que la habían adversado.
El fallo fue firmado por todos los jueces, aunque no hubo unanimidad de criterio.
La ley fue promovida por la presidenta Cristina Fernández en marzo de 2009 y aprobada por el Congreso seis meses después.
El Grupo Clarín –el conglomerado mediático más grande de la Argentina—impugnó ante la Justicia cuatro de sus artículos que restringían la acumulación de licencias de aire y de cable, el desconocimiento de los derechos adquiridos y la obligación de desprenderse de sus licencias antes del vencimiento del plazo original, con el que habían sido otorgadas.
El argumento de la Corte fue que la normativa es “coherente con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información”.
Los magistrados resaltaron que "se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes".
La Sociedad Interamericana de Prensa había reiterado su preocupación por la ley y había criticado al Gobierno argentino porque la ley apunta “a avanzar sólo contra los medios independientes, manteniendo una actitud laxa y permisiva con los medios cercanos a la línea oficial”.
La bolsa de valores de Buenos Aires suspendió inmediatamente la cotización del Grupo Clarín porque el fallo de la corte “podría afectar el interés de los inversores”.
Grupo Clarín S.A.es dueña de los periódicos Clarín y La Razón, canales de televisión abiertos y por cable, editoriales, emisoras de radio, televisión, productoras de televisión, proveedores de Internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización.
El fallo fue firmado por todos los jueces, aunque no hubo unanimidad de criterio.
La ley fue promovida por la presidenta Cristina Fernández en marzo de 2009 y aprobada por el Congreso seis meses después.
El Grupo Clarín –el conglomerado mediático más grande de la Argentina—impugnó ante la Justicia cuatro de sus artículos que restringían la acumulación de licencias de aire y de cable, el desconocimiento de los derechos adquiridos y la obligación de desprenderse de sus licencias antes del vencimiento del plazo original, con el que habían sido otorgadas.
El argumento de la Corte fue que la normativa es “coherente con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información”.
Los magistrados resaltaron que "se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes".
La Sociedad Interamericana de Prensa había reiterado su preocupación por la ley y había criticado al Gobierno argentino porque la ley apunta “a avanzar sólo contra los medios independientes, manteniendo una actitud laxa y permisiva con los medios cercanos a la línea oficial”.
La bolsa de valores de Buenos Aires suspendió inmediatamente la cotización del Grupo Clarín porque el fallo de la corte “podría afectar el interés de los inversores”.
Grupo Clarín S.A.es dueña de los periódicos Clarín y La Razón, canales de televisión abiertos y por cable, editoriales, emisoras de radio, televisión, productoras de televisión, proveedores de Internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización.
