Una organización defensora de los derechos civiles en Nueva Orleáns denunció ante el Departamento de Justicia una serie de irregularidades por parte del Primer Tribunal de Jefferson que afectan en gran medida a los inmigrantes.
La denuncia se basa en la experiencia de cuatro personas quienes argumentan que los traductores que les asignaron no ofrecieron un buen servicio, al prácticamente obligarlos a declararse culpables de cargos de los cuales no estaban seguros.
Los denunciantes además afirman que la Corte, como parte de los acuerdos para lograr libertad condicional, los obligaba a tomar clases de inglés muy costosas, que eran dictadas por los mismos intérpretes.
La queja presentada por la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) menciona conflictos de interés por lo anteriormente mencionado, porque la intérprete posiblemente se beneficiaba de la sentencia de los acusados que debería ayudar.
El Primer Tribunal de Jefferson, Nueva Orleáns, se encarga de casos de tránsito y delitos menores.