Algunos políticos paraguayos creen que Estados Unidos hizo lo que la justicia de su país nunca se atrevió a hacer cuando denunció por corrupción al expresidente Horacio Cartes en las puertas de unas elecciones que pueden volverlo aún más poderoso.
Otros consideran las medidas de Washington como una grosera intromisión para beneficiar a sus rivales políticos, pero ambos sectores coinciden en que las acusaciones y sanciones aplicadas en su contra tuvieron un fuerte impacto en la carrera para las elecciones presidenciales del 30 de abril.
Sin haber participado nunca antes en política, Cartes ganó las elecciones en 2013 y gobernó Paraguay hasta 2018. Es el actual titular del gobernante Partido Colorado y principal soporte del economista Santiago Peña, uno de los favoritos para ganar los próximos comicios, según algunas encuestas.
Estados Unidos dijo que Cartes participó de actos corruptos como el soborno a legisladores durante su gobierno, y el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones que lo obligaron a separarse de varias de sus empresas mediante operaciones de liquidación, traspaso de acciones o anticipos a sus herederos.
Portavoces de la embajada de Estados Unidos en Asunción advirtieron a las empresas que operan con el sistema financiero estadounidense que evaluaran el riesgo de vincularse con las personas o firmas sancionadas. Cartes rechazó las acusaciones como "infundadas e injustas".
"Fue una intromisión de Estados Unidos en cuestiones internas y sobre todo electorales", dijo a Reuters el senador Martín Arévalo, un aliado de Cartes que aspira a una nueva banca en la Cámara Alta.
"Ellos no dan informaciones que respalden (las acusaciones), solo dicen que es corrupto y nada más, y con eso mueven todo el tablero electoral (...) es una intromisión donde se quiere quebrar al Partido Colorado", agregó.
Cartes, uno de los empresarios más ricos del país, que contaba con negocios en los sectores financiero, del tabaco, agropecuario y minorista, entre otros, tuvo que delegar su firma a dos representantes para que el partido pueda solicitar créditos.
Tras semanas de conjeturas sobre la situación financiera de la agrupación, sus autoridades dijeron en un comunicado que contaban con fondos suficientes para la campaña, incluido un préstamo del local Banco Continental que tendría un fideicomiso de garantía.
EEUU hizo su parte
Políticos de la oposición aseguran que Estados Unidos hizo lo que el Poder Judicial paraguayo debió haber hecho antes.
"El problema no es que Estados Unidos haga su parte (...), el problema es que nuestras instituciones tienen esos mismos datos y nunca han hecho nada", dijo Guillermo Ferreiro, candidato a diputado por la Concertación Nacional, una coalición que postula al líder opositor Efraín Alegre.
El embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, declaró a finales de marzo que las sanciones y designaciones no tenían nada que ver con la política sino que eran decisiones unilaterales para proteger las fronteras y el sistema financiero estadounidense.
El diplomático dijo que la corrupción en Paraguay dañaba su potencial, así como la posibilidad de inversión extranjera. El país ocupó el lugar 137 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2022.
"Paraguay representa para Estados Unidos un problema geopolítico en el sentido de que acá se articulan muchos grupos vinculados al crimen organizado que afectan sus intereses", dijo a Reuters el sociólogo e investigador paraguayo Luis Ortiz.
"El caso Cartes es emblemático porque esta acción hizo que renunciara a la titularidad cuanto menos formal de sus empresas (...) y esto hace parte del debilitamiento financiero del Partido Colorado en esta campaña", agregó.
Alegre y Peña se sitúan indistintamente como ganadores en las últimas encuestas, lo que pronostica un final abierto en el que los recursos y la maquinaria electoral del partido de gobierno podrían jugar su parte.
"A Estados Unidos se le agotó esa simpatía que siempre tuvo hacia el Partido Colorado porque hoy representa un peligro para la estabilidad política, económica e inclusive para la seguridad en la región", dijo Ferreiro.
"No van a permitir que Paraguay sea otro Sinaloa, otra Colombia de los años 80", concluyó.
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