El diferendo territorial sobre Guyana, en América del Sur, ha vuelto a tensar las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos en momentos cuando especialistas y políticos prevén avances en las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega.
La cancillería del gobierno del presidente Nicolás Maduro emitió el martes un comunicado para rechazar las rondas de licitaciones de bloques petrolíferos convocadas por Guyana, cuyo territorio Venezuela reclama como suyo desde el siglo XIX.
Según Caracas, esa convocatoria de Guyana para negocios en áreas marítimas pendientes de delimitación es “ilegal” y “violatoria del derecho internacional”.
“El Gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marítimas y, en consecuencia, cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional, mientras no sean llevadas a cabo a través de un acuerdo con Venezuela”, dijo el canciller Yván Gil en su nota oficial.
Para Venezuela, “es inaceptable” cualquier concesión “ilícita y arbitraria” que pueda derivarse de esa ronda de licitaciones de Guyana.
“Estas acciones no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso”, advirtió Gil en el comunicado.
El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó este jueves la convocatoria de un referendo consultivo para que sea “el pueblo” el que decida mediante voto directo y secreto “la defensa del Esequibo”, dijo su presidente y mano derecha de Maduro, Jorge Rodríguez.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller de Uruguay, reivindicó “el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores” petroleros en su territorio y condenó lo que llamó “tácticas intimidatorias” de Venezuela, que, a su entender, “buscan socavar el principio de buena vecindad”.
Días atrás, Almagro felicitó al presidente guyanés Irfaan Ali por su política de “Una Guyana”, para construir “una nación de un solo pueblo” y lo aplaudió por ser “un productor neto de alimentos y un defensor de la seguridad alimentaria”.
“Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en la Corte de Justicia Internacional”, escribió Almagro el miércoles en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
En abril, esa corte, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, falló contra Venezuela al rechazar una excepción preliminar presentada por el gobierno de Maduro sobre el diferendo limítrofe con Guyana por el territorio del Esequibo, de unos 160.000 kilómetros cuadrados -Venezuela lo llama Guayana Esequiba-.
Guyana acudió a ese tribunal de las Naciones Unidas para pedirle resolver el diferendo. Venezuela, por su parte, argumenta que el único mecanismo idóneo para zanjar el asunto es el Acuerdo de Ginebra, que contempla “negociaciones amistosas” entre las partes.
Pulso con Almagro y Nichols
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez llamó “esperpento” a Almagro por su reacción y lo acusó de sumarse a una “camarilla de empleados” de la estadounidense ExxonMobil, una de las 6 empresas que presentaron ofertas de licitación a Guyana.
Brian Nichols, subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, expresó este miércoles que Estados Unidos “apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios naturales” y consideró que “los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables”.
Nichols convidó a Venezuela a que “respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la Corte Internacional de Justicia”.
El propio Maduro, su vicepresidenta y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazaron vehementemente la posición de Nichols.
Maduro dijo que la postura de Estados Unidos sobre las licitaciones petroleras en Guyana era una “intromisión insolente” y acusó a Washington de presuntamente haber “manipulado y comprado a los serviles políticos de Guyana” a través de la firma ExxonMobil y el Comando Sur.
El mandatario dijo que se trata de “una confabulación inaceptable” que pretende perjudicar a Venezuela en la reivindicación de su derecho territorial.
Dos años del acuerdo pleno
El diferendo con Guyana es el epicentro del único acuerdo pleno alcanzado en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y sus opositores de la Plataforma Unitaria, en Ciudad de México, con la facilitación de Noruega.
Los delegados del chavismo y la oposición venezolana firmaron hace 2 años ya un acuerdo en las negociaciones de México para reivindicar el derecho de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y refrenar la utilidad en ese litigio del Acuerdo de Ginebra, de 1966.
Si bien no participa oficialmente en las negociaciones de México, Estados Unidos ha jugado un rol clave en esas conversaciones. Las sanciones económicas impuestas al gobierno venezolano en 2019 son determinantes en esos diálogos.
Voceros del gobierno de Joe Biden, como Nichols y Juan González, asesor presidencial en el Consejo de Seguridad para asuntos occidentales, han reiterado que Estados Unidos está dispuesto a dar “incentivos” para estimular el avance de las negociaciones entre los actores en Venezuela, facilitadas por Noruega.
González ha acotado que esa ventana de negociaciones no es “indefinida”.
Analistas creen que la ampliación de licencias energéticas en Venezuela durante el último año han sido parte de esos “gestos” de Washington en pro del diálogo.
Especialistas en la política interna venezolana también han advertido a la Voz de América de la urgencia de alcanzar acuerdos en ese marco en las vísperas de la primaria presidencial opositora, que se realizará el 22 de octubre y donde el antichavismo espera elegir su candidato unitario para 2024.
El oficialismo en Venezuela ha exigido que Estados Unidos levante completamente las sanciones para lograr acuerdos políticos en México.
Omar Barboza, coordinador de la Plataforma Unitaria, dijo hace una semana que había "conversaciones" en marcha entre el gobierno y la oposición, y añadió que la comunidad internacional está promoviendo un acuerdo.
"Estamos discutiendo para llegar a acuerdos", manifestó a la prensa en Caracas, antes de afirmar que espera que el oficialismo respete esos acuerdos.
Al día siguiente, los partidos Acción Democrática y Encuentro Ciudadano se desmarcaron de esa declaración y del apoyo a la negociación de México.
Reportes “positivos”
Francisco Palmieri, jefe de la misión de la Oficina Externa norteamericana para Venezuela, dijo este lunes en un evento del centro de pensamiento Atlantic Council que Maduro debe dar “pasos concretos” hacia la restauración de la democracia en su nación antes del levantamiento de sanciones.
Entre esos pasos, dijo Palmieri, destacan la determinación de una fecha para las elecciones presidenciales, la aceptación de una observación electoral internacional “creíble”, la liberación de presos políticos y la apertura de espacios cívicos, el levantamiento de limitaciones para la participación electoral (inhabilitaciones) y la actualización del padrón de votantes.
Palmieri, a nombre de Estados Unidos, se declaró “alentado” por reportes de conversaciones “positivas” entre Maduro y sus opositores en Caracas.
Añadió que sería un paso “muy positivo” si esos diálogos culminan en el retorno de las partes a las negociaciones de México, cuya última reunión fue en noviembre de 2022.
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