Relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanecen en Ecuador para recoger los testimonios, en medio de denuncias por supuestas vulneraciones de derechos durante las protestas que estremecieron el país.
Entre el 3 y el 13 de octubre, los ecuatorianos protestaron en las calles contra el gobierno de Lenín Moreno y un plan de medidas económicas, que luego fue retirado como resultado de un diálogo con la oposición.
La visita de CIDH, que comenzó el lunes y concluye el viernes, busca evaluar la situación de los derechos humanos. La delegación la lidera la presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño. También viajaron a Ecuador los comisionados Luis Ernesto Vargas, Antonia Urrejola y el secretario ejecutivo Paulo Abrão.
Los reportes indican que durante las protestas hubo siete fallecidos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.
"Hemos recogido con mucha seriedad y formalidad los planteamientos que han hecho ustedes. Los recogemos con mucho respeto el reconocimiento al derecho a la protesta como un derecho humano, a la resistencia, a la paz", dijo Arosemena.
El delegado del Secretario General de la ONU, Juan Gabriel Valdés, se reunió con el presidente Moreno para manifestar el respaldo a la gestión de diálogo que sostuvo su gobierno con las partes que provocaron la protesta.
"Un saludo del secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los problemas de Ecuador. Y aprecia mucho la forma cómo las partes están conversando", indicó Valdés.
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La ministra de gobierno María Paula Romo mencionó que estas misiones han sido invitadas por el país para obtener otras miradas sobre los hechos ocurridos.
"A todas ellas el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas que miradas imparciales puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país", afirmó Romo.
Los visitantes extranjeros se han reunido con organizaciones, personas particulares y gremios que han presentado sus testimonios y esperan que sus casos sean tratados con agilidad.
El sector indígena pidió transparencia al gobierno. Está previsto que la misión visite las principales cárceles del país.
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