En el noveno día de protestas contra el aumento de los precios de los combustibles en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso confirmó participará en un diálogo con organizaciones de la sociedad civil.
“He confirmado mi asistencia al diálogo impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta de Twitter, donde comparte una carta dirigida a representantes de los movimientos.
Las declaraciones de Lasso se dan luego de que, el Ministro de Defensa del país acusó a las manifestaciones de representar un "grave peligro" para la democracia, mientras las protestas se tornan cada vez más agresivas
“La democracia en Ecuador corre grave peligro por la acción concertada de personas fanáticas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, dijo Luis Lara, ministro de Defensa.
Temprano en la mañana del martes, el Ministerio Público del país denunció que su edificio central fue atacado por manifestantes indígenas y pidió ayuda a la policía y las fuerzas armadas, al tiempo que las protestas se tornaban más violentas en varios sectores de Quito.
En un comunicado la institución señaló que “se han tomado acciones para precautelar la integridad de los funcionarios y se han puesto a buen recaudo los expedientes e información sensible... con el fin de que ningún incidente ponga en riesgo las investigaciones y procesos en marcha”.
Las protestas y el paro nacional están protagonizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que participó en las revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005 y lideró las violentas manifestaciones de 2019, y que organiza desde el 13 de junio marchas y barricadas para exigir una menor precios del combustible.
Enfrentamientos
Miles de indígenas iniciaron una marcha pacífica hacia el centro de Quito desde el sur el lunes. Varios cientos llegaron también desde el norte a la capital de tres millones de habitantes.
Al final de la mañana del martes, la policía dispersó con gases lacrimógenos a unos 500 manifestantes que intentaban acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un centro cultural indígena, bajo control policial desde el domingo.
Además del precio del combustible, los manifestantes denuncian la falta de empleo, el otorgamiento de concesiones mineras en los territorios indígenas, la ausencia de control de los precios de los productos agrícolas y una renegociación de las deudas de los campesinos con los bancos.
Estado de emergencia ampliado
En el Parlamento, los diputados aprobaron el lunes por la noche por 81 votos de 137 votos una resolución exigiendo una propuesta del gobierno para un diálogo "serio, claro y honesto" y llamando a una mesa redonda que incluya a las Naciones Unidad, la Cruz Roja, las universidades y la Iglesia Católica para buscar soluciones a la crisis.
El partido indígena Pachakutik, brazo político de CONAIE es la segunda fuerza en el Parlamento.
Los pueblos indígenas constituyen al menos un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos.
Sesenta y tres policías han resultado heridos desde que comenzaron las protestas, según un informe oficial, mientras que una organización local de derechos humanos reportó 79 arrestos y 55 civiles heridos.
* Con información de AP, AFP y la colaboración de Néstor Aguilera, periodista de VOA, desde Quito.
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