La embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció el viernes que el Secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, y la Canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, en representación de los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele, firman un acuerdo de cooperación bilateral respecto a solicitudes de protección.
Con este acuerdo, los dos gobiernos se comprometen a abordar el tema de migración de una forma conjunta y humana, de tal forma que contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región.
Según el comunicado, este tratado forma parte de una estrategia integrada para combatir al crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada.
Con este documento, suscrito en Washington D.C., se ratifica la carta de intención firmada en San Salvador, el pasado 28 de agosto.
Asimismo, Los dos gobiernos seguirán manteniendo un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país próspero y seguro, y sirva como punto de referencia de buenas prácticas para los países de la región.
El gobierno del presidente Trump se compromete a seguir explorando posibilidades para profundizar la cooperación en seguridad, la creación de oportunidades legales de empleo en Estados Unidos, la promoción de la inversión y el crecimiento económico en El Salvador.
La administración del presidente Nayib Bukele se compromete a seguir fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, salud, educación y empleo para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
La firma de este acuerdo se suma a los otros que ha conseguido el gobierno del presidente Donald Trump con países del Triángulo del Norte, y que, según analistas, significaría que migrantes de terceros países podrían obtener refugio en El Salvador, a pesar de que muchos salvadoreños huyen de su propio país y buscan asilo en Estados Unidos.
Es el intento más reciente del gobierno de Trump para persuadir a los centroamericanos que solicitan asilo a buscar refugio fuera de Estados Unidos.
En ese mismo contexto, las autoridades migratorias también están obligando a más de 42.000 personas a permanecer en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos y cambiaron la política para negarle asilo a cualquiera que haya transitado por un tercer país rumbo a la frontera de Estados Unidos con México.
Este año, el gobierno de Estados Unidos amenazó con retener la asistencia federal a tres países centroamericanos a menos que hicieran más para acabar con la crisis de migrantes. La medida se topó con una fuerte resistencia en el Congreso, ya que los expertos afirman que los recortes sólo exacerbarían el número de migrantes que intentan hacer el peligroso viaje a Estados Unidos debido a una mayor falta de recursos.
