Las políticas migratorias en Estados Unidos tienden a enfocarse en la seguridad fronteriza, deportaciones, reducción de visados y sanciones. Pero fallan en reconocer la demanda que hay en el país de mano de obra extranjera calificada y no calificada, según un estudio presentado este miércoles 21 de septiembre.
“La actual política migratoria de Estados Unidos es vista como un ‘sistema roto’. Fracasa en facilitar una migración legal que responda eficazmente a la demanda de los empleadores por trabajadores extranjeros en Estados Unidos”, sostiene Manuel Orozco, director ejecutivo del Proyecto de Remesas y Desarrollo del centro de análisis Diálogo Interamericano.
En los últimos 25 años, Estados Unidos ha mostrado una “falta de voluntad política para integrar a los inmigrantes indocumentados” al país, enfocándose más en deportar, penalizar a empleadores que contraten indocumentados y otras políticas restrictivas, sostiene el especialista.
Orozco explica además que el número de indocumentados entrando a Estados Unidos ha disminuido en los últimos años. Pero como los esfuerzos anti-drogas y anti-terroristas en las fronteras han cobrado mayor relevancia en Estados Unidos, la inmigración termina siendo colocada en la misma bolsa. Y se le terminan destinando más recursos de los necesarios a la frontera para frenar a los indocumentados.
“La estimación de 300.000 entradas anuales de indocumentados en Estados Unidos entre 2007 y 2009 representa menos de un 3% del total de indocumentados que residen en el país”, dijo el experto. “Sin embargo, Estados Unidos gastó $3.000 millones de dólares en reforzar la vigilancia de la frontera en 2010, mucho más que el gasto público destinado a cualquier otra iniciativa migratoria”.
Datos presentados por Orozco muestran que en los últimos seis años, las deportaciones superan el número de migrantes autorizados e indocumentados que ingresaron al país en el mismo período. Y el número de inmigrantes mexicanos y centroamericanos ingresando, que representan un 60% de todos los migrantes, es mucho menor que el número de aquellos deportados.
Entre 2004 y 2010, el número de mexicanos deportados fue de 282.003, mientras que 106.326 ingresaron al país en ese mismo período. El número de guatemaltecos deportados fue de 29.378, en tanto el número que ingresaron en ese período fue de 17.723. Lo mismo se cumple en el caso de los hondureños y salvadoreños.
Hay excepciones: los ecuatorianos, nicaragüenses y dominicanos que ingresaron entre 2004 y 2010 superaron a los que fueron deportados en ese período. Pero el número que ingresó a Estados Unidos es menor en los tres casos que el resto de los centro y latinoamericanos. En cifras, ingresaron 2.753 ecuatorianos; 11.513 dominicanos y 6.654 nicaragüenses entre 2004 y 2010.
Las deportaciones durante el gobierno de Barack Obama subieron a niveles récord -392.862 en 2010- pero eso se debe a que algunos estados tomaron las riendas de las deportaciones amparándose en leyes federales ya existentes, como la 287(g), explicó Orozco. “Aunque la 287(g) fue creada para coordinar con las autoridades locales la deportación de inmigrantes indocumentados que cometen delitos graves, aproximadamente la mitad de los detenidos bajo la 287(g) no son delincuentes”, agregó el experto.
El programa “Comunidades Seguras”, iniciado por el presidente Obama, es una versión modificada del programa 287(g). El objetivo es detectar y deportar a los inmigrantes indocumentados que son criminales peligrosos. Al contrario del 287(g), en este caso sólo los agentes federales migratorios pueden poner en marcha las deportaciones y no los funcionarios locales.
Pero aún así, el programa “Comunidades Seguras” corre el riesgo de ser usado para detectar y deportar inmigrantes más allá de la gravedad de los delitos que cometieron. “Hubo de hecho un mal uso del programa para cumplir con posturas anti-migratorias”, dijo Orozco.
La conclusión del experto es que el gobierno de Obama ha continuado “en gran medida” con las políticas migratorias de sus predecesores, con algunos ajustes. Ha desistido, por ejemplo, de las redadas masivas en fábricas efectuadas durante el gobierno de George W. Bush, en la que todos los trabajadores detenidos eran deportados.
Como punto de partida para trabajar en una realidad que se presenta como mucho más compleja, Orozco recomienda que no se vincule únicamente el tema de la migración con la seguridad. Según el experto, se deben priorizar otros asuntos como la condición en la que trabajan los indocumentados, las visas de trabajo y los tiempos de demora para procesar visas.
Orozco también recomienda, entre otras medidas, que se adopten reformas que ayuden a los inmigrantes indocumentados a integrarse a Estados Unidos.
