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Asistencia militar a Honduras continua mientras se investiga asesinato de activista


El activista Gustavo Castro Soto, testigo del crimen de Berta Cáceres, resultó herido en el ataque a la ambientalista.
El activista Gustavo Castro Soto, testigo del crimen de Berta Cáceres, resultó herido en el ataque a la ambientalista.

El Departamento de Estado respondió a cuestionamientos luego de que un exsoldado hondureño implicó a fuerzas entrenadas por EE.UU. en la muerte de Berta Cáceres.

Declaraciones de un exsoldado hondureño al diario británico "The Guardian" han vuelto a atraer la atención hacia el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras y la asistencia militar y ayuda humanitaria de Estados Unidos a la nación centroamericana.

El soldado Rodrigo Cruz, afirmó al periódico que agentes de la policía o de las Fuerzas de Seguridad de Honduras entrenados por Estados Unidos han estado involucrados en asesinatos extrajudiciales, y que el nombre de Cáceres estaba en una lista de asesinatos distribuida a esas fuerzas de seguridad.

El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, preguntado sobre el tema, respondió el jueves que Washington toma muy en serio "todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos", y agregó que se ha contactado al gobierno de Honduras "en relación a este y otros casos del pasado".

Kirby enfatizó que no solo con Honduras sino en todo el mundo, "cuando recibimos esas alegaciones creíbles sobre violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, tomamos acción inmediata".

"Exhortamos al gobierno extranjero y es lo que hemos hecho en este caso, al tiempo que investigamos exhaustivamente, y tomamos medidas”, indicó.

El vocero Kirby afirmó que Estados Unidos continua prestando asistencia a las Fuerzas Armadas hondureñas y señaló que eso no ocurriría si tuvieran razón para creer que hubo una violación.

Berta Cáceres, una defensora de los derechos ambientales y de los indígenas, que en 2015 recibió el afamado Premio Goldman, fue brutalmente asesinada a principios de marzo, pocos días después de haber sido amenazada por oponerse a la construcción de una planta hidroeléctrica.

Su muerte provocó una ola de críticas internacionales por la violencia contra los ambientalistas en Honduras. La policía dice que Cáceres murió durante un intento de robo. La familia de la ambientalista dice que fue asesinada por su oposición a las represas, a la tala ilegal y a los hacendados.

Cinco personas han sido arrestadas por la muerte de Cáceres, entre ellas un mayor del Ejército hondureño.

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