Tres ejecutivos de Citgo destituidos mientras otros siguen detenidos

Citgo Petroleum Corp ha removido a tres ejecutivos cercanos a Asdrúbal Chávez, designado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro para dirigir a la filial en Estados Unidos de la estatal PDVSA, dijeron el lunes dos fuentes con conocimiento de la decisión.

Citgo ha quedado en el centro de la lucha política que se libra en el país sudamericano, en momentos en que la oposición -que cuenta con el apoyo de la mayor parte de Occidente- busca forzar la salida de Maduro y realizar una nueva elección presidencial.

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La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, designó la semana pasada a una nueva junta directiva para Citgo, el activo más importante de Venezuela en el extranjero, liderada por la venezolana Luisa Palacios y un grupo de ejecutivos del sector petrolero.

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El nuevo ejecutivo aún debe asumir sus funciones en la sede de la compañía en Houston.

Detenidos, en el limbo por crisis

Tomeu Vadell, junto a otros cinco ejecutivos de Citgo, una empresa con sede en Houston, llevan 15 meses encarcelados en Venezuela por lo que sus familias dicen que son cargos de corrupción falsos.

Mientras el gobierno del presidente Donald Trump avanza en sus esfuerzos para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el destino de los llamados “Citgo Six” (“Los seis de Citgo”) -cinco de ellos, como Vadell, ciudadanos estadounidenses con profundas raíces en Louisiana y Texas- está en el limbo. Lo mismo ocurre con la empresa estadounidense para la que trabajaban, que es uno de los grandes premios en la lucha de poder entre Maduro y su rival, el opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como líder legítimo de la nación sudamericana.

Las familias se quejaron de que los hombres están retenidos en condiciones inhumanas, compartiendo abarrotadas celdas en un sótano que fueron construidas para 22 personas pero en las que hay cerca de cuatro veces más reos. Esto hace que los hombres tengan que dormir a veces en el piso y que pasen semanas sin acceso al aire libre o a la luz del sol, agregaron.

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Vadell perdió más de 27 kilos (60 libras) por la malnutrición, señaló su familia. En una fotografía tomada de forma clandestina con un celular el mes pasado y proporcionada a The Associated Press, parece un prisionero de guerra con los ojos y las mejillas hundidos y un mono verde militar colgando de su cuerpo demacrado.

Sus casos no dan muestras de avanzar. Una vista preliminar fue demorada en 12 ocasiones sin razón aparente, lo que hace que las familias se pregunten si sus seres queridos están siendo retenidos como peones en una negociación política de alto nivel. La fecha de su próxima vista es el miércoles.

La odisea de las familias comenzó el fin de semana anterior al Día de Acción de Gracias de 2017, cuando Vadell y los otros ejecutivos recibieron una llamada de Nelson Martínez, quien por entonces era el director de la matriz de Citgo, el gigante petrolero estatal venezolano PDVSA, pidiéndoles viajar a Caracas para una reunión presupuestaria de última hora.

El grupo viajó en un jet corporativo. A bordo iban Vadell, vicepresidente de refinación; Gustavo Cárdenas, jefe de relaciones estratégicas con accionistas, gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y marketing; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería de Citgo en Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos, y José Ángel Pereira, presidente de Citgo.

Lo que ocurrió después cambió las tranquilas vidas de las familias. Un grupo de agentes de seguridad armados y enmascarados entraron a una sala de conferencias de PDVSA y arrestaron a los seis ejecutivos. Horas después, el fiscal general de Maduro apareció en la televisora estatal anunciando cargos de malversación por una propuesta para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en la empresa como garantía.

Entonces, el propio Maduro los acusó de “traición” aunque no habían sido señalados por ese delito.

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Los arrestos iniciaron una purga dentro de la industria petrolera venezolana que pocos días después acabó con Martínez, el director de PDVSA, y un exministro de Petróleo, entre docenas de personas más, encarcelados. En sustitución de Martínez, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez y aliado cercano de Maduro, fue nombrado presidente de Citgo. En diciembre, Martínez murió bajo custodia, alarmando más aún a las familias de los empleados de Citgo.

Citgo, que controla alrededor del 4% de la capacidad de refinación de Estados Unidos, no ha proporcionado apenas apoyo a los ejecutivos encarcelados pese a un acuerdo de indemnización que le obliga a actuar en nombre de los hombres, dijo un empleado de la firma, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. En los meses posteriores, Citgo también anuló sus sueldos, agregó.

La batalla se libra ahora en la sede de Citgo, apuntó el empleado, como resultado de las sanciones impuestas por Washington a PDVSA el mes pasado y que impiden que las empresas estadounidenses que compren petróleo venezolano, desviando cualquier pago a una cuenta de depósito en garantía controlada por Guaidó, a quien Estados Unidos y docenas de países más reconocen como el presidente interino de Venezuela. La mayoría de los empleados leales a Maduro se han marchado y se ha retirado cualquier referencia a PDVSA de las instalaciones, además de los retratos del héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar.

Las autoridades negaron repetidamente el acceso de funcionarios consulares estadounidenses a los detenidos porque la Convención de Viena no obliga a Caracas a reconocer su doble nacionalidad estadounidense. Los funcionarios de Washington plantearon sus preocupaciones en notas diplomáticas y reuniones con el Ministerio de Exteriores, apuntó un funcionario estadounidense que habló de forma anónima porque no estaba autorizado a discutir el caso.

Preguntado por el caso en una entrevista con Fox Business Network el pasado 6 de febrero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, solo dijo que “allí donde haya un estadounidense detenido de forma injusta, en este caso por el abusón de Maduro, el gobierno de Estados Unidos está increíblemente centrado en obtener su liberación”.

Algunos familiares de los presos se preguntan si Washington podría estar haciendo más.

Los grupos de derechos humanos venezolanos no incluyen a los hombres entre las casi 1.000 personas consideradas presos políticos. Un funcionario venezolano que atendió regularmente las quejas de Washington en el caso Holt dijo que los estadounidenses se han mantenido en gran medida en silencio en lo relativo a los empleados de Citgo. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.