Pacific Gas & Electric confesó el martes ser responsable por la muerte de 84 personas en un devastador incendio forestal que arrasó con Paradise, una ciudad del norte de California en noviembre de 2018.
El director Ejecutivo (CEO) de PG&E, Bill Johnson, se declaró culpable en nombre de la compañía por 84 delitos graves de homicidio involuntario derivado del incendio, que se atribuyó a la red eléctrica en ruinas de la compañía.
"Nuestro equipo comenzó ese incendio", dijo Johnson, quien se disculpó directamente con las familias de las víctimas. PG&E nunca olvidará el Camp Fire y todo lo que se llevó de la región".
Aunque la admisión fue parte de un acuerdo de culpabilidad, se produjo durante una audiencia judicial dramática diseñada para avergonzar públicamente a la empresa de servicios públicos más grande del país por descuidar su infraestructura.
El juez de la corte superior del condado de Butte, Michael Deems, leyó en voz alta el nombre de cada víctima en la sala del tribunal mientras las imágenes de los muertos se mostraban en una pantalla gigante cuando Johnson presentó una declaración de culpabilidad para cada uno de los cargos. El incendio mató a 85 personas, pero los fiscales no estaban seguros de que pudieran probar que PG&E fue responsable de una de las muertes.
Johnson también se declaró culpable en nombre de la empresa en un condado, por delitos graves de iniciar ilegalmente un incendio.
Más tarde el martes, se espera que el fiscal de distrito del condado de Butte, Mike Ramsey, libere una esperada acusación del gran jurado que detalla la mala conducta corporativa que causó el incendio forestal de noviembre de 2018 que destruyó Paradise, California, ubicada a unas 170 millas (275 kilómetros) al noreste de San Francisco.
PG&E acordó pagar una multa máxima de 3.5 millones de dólares por sus delitos además de 500.000 dólares por el costo de la investigación. La compañía de San Francisco no será puesta en un periodo de prueba, a diferencia de lo que sucedió en 2010 después de que sus líneas de gas natural estallaron en un vecindario de San Bruno, California, causando la muerte a ocho personas. Esa tragedia resultó en una condena penal que puso a San Francisco en período de prueba de cinco años que finaliza en enero de 2022.
Sin perspectivas de cárcel para una corporación, Ramsey intentó usar la audiencia del martes para obligar a PG&E a enfrentar la muerte y la destrucción derivada de su cultura corporativa de dar mayor prioridad a las ganancias para sus accionistas que proteger la seguridad de los 16 millones de californianos del norte del estado que confían en la empresa para obtener energía.
La audiencia del martes ocurre al tiempo que PG&E se acerca al final de un complicado proceso de bancarrota de casi un año y medio, por el que la compañía acordó pagar 25.500 millones de dólares por las pérdidas del incendio de 2018 y otros incendios en 2017, atribuidos a su deteriorado equipo.
La empresa dice que ya ha realizado cambios que crearán una red eléctrica más confiable y segura, aunque todavía espera usar cortes de energía deliberados durante los próximos años para minimizar los riesgos de causar más incendios. Se espera que más de 20 familiares de personas fallecidas en el incendio forestal de 2018 comparezcan ante el juez Deems en un procedimiento similar el miércoles.
