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EE.UU.: congresistas presentan nuevo proyecto de alivio por COVID-19


La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su rueda de prensa semanal, abordando el tema de un nuevo paquete de alivio económico.

Hay un acercamiento de las posturas sobre un nuevo paquete de alivio económico. Las diferencias sin embargo siguen siendo alrededor de los mismos temas.

Un grupo bipartidista de legisladores presentó el martes una detallada propuesta de alivio ante el COVID-19 con las esperanzas de servir de modelo a seguir para sus enfrentados líderes al intentar negociar un acuerdo final de una nueva ronda de ayuda económica ante el virus.

La docena de legisladores presentados dos proyectos de ley. Un es un paquete de 748.000 millones de dólares que incluye fondos para negocios en problemas, los desempleados, escuelas y para la distribución de vacunas. El otro proyecto incluye 160.000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales, lo cual es respaldado por los demócratas, así como cláusulas legales respaldadas por republicanos que protegen a los negocios de demandas relacionadas con posibles contagios de coronavirus.

Pero hasta ahora un acuerdo demostró ser imposible. Y la mayoría de los demócratas se oponen a la protección legal a las empresas, un tema que fue promovido por el senador republicano Rob Portman, de Ohio.

El camino a seguir para sus propuestas, y para la ayuda ante el COVID-19 en general, sigue siendo nebuloso. Negociaciones paralelas sobre alivio ante el virus siguen a nivel del liderazgo legislativo, incluyendo a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Y es ahí donde cualquier compromiso tendrá que tomar forma.

Temas pendientes en las pláticas del liderazgo incluye una posible segunda ronda de pagos directos a individuos, un plan de bonos de beneficios de desempleo por 300 dólares semanales, ayuda a gobiernos locales y estatales, y el tema de la protección legal para las empresas que los republicanos respaldan.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, dijo esperar que los líderes del Congreso y la administración Trump usen las propuestas como base para un paquete de alivio “que urgentemente es necesitado por familias en problemas, nuestros golpeados pequeños negocios, nuestros estresados proveedores de salud pública, nuestro abrumado servicio postal, nuestro retado sistema escolar y tantos otros”.

Un canje clave incluye la ayuda a gobiernos estatales y locales, una prioridad de Pelosi, y la protección legal, una demanda del líder republicano McConnell. El republicano de Kentucky había sugerido un enfoque “o todo o nada”, según el cual la posibilidad de una de las ideas estaba obligatoriamente ligada a la otra, o se agregaban ambas o se eliminaban ambas. Pelosi está insistiendo hasta ahora que la ayuda local y estatal sea agregada, y demandando que McConnell haga un compromiso sobre sus exigencias. Los acuerdos siguen siendo escurridizos.

Pero se estaba reportando progreso en otro frente crucial mientras los legisladores negociaban un paquete de fin de año que sería la base para la última ley significativa de la presidencia de Trump.

Hay un límite para la negociación de la medianoche del viernes para llevar el paquete terminado al presidente Donald Trump, hora en la que un cierre parcial del gobierno ocurriría al vencerse el paquete de financiamiento parcial de la semana pasada. Pero no hay ninguna garantía que la masiva medida de fin de año sería completada a tiempo. Si las pláticas se estancan, podrían necesitarse leyes de financiamiento temporal adicionales.

Mientras tanto, las negociaciones de un paquete de 1,4 billones de dólares están “esencialmente terminadas”, dijo un asistente legislativo que participó en las pláticas. Mientras no se han dado a conocer los detalles, “el estatus quo prevalece”, dijo. Eso significaría que Trump recibiría otros 1.400 millones finales para continuar la construcción de su tan anhelado muro fronterizo.

Los republicanos han tenido éxito en matar un plan de 12.000 millones para romper el mini-acuerdo del año pasado al usar maniobras contables para adjuntar financiamiento para salud de los veteranos de guerra y acomodar grandes aumentos de costos debido al creciente acceso a servicios de salud de proveedores privados. En lugar, una combinación diferente de medidas está siendo usada para proveer el equivalente aumento en los gastos para otros programas domésticos.

La sesión legislativa posterior a una elección, donde al gobierno saliente se le considera un “pato cojo” sería la última oportunidad para concluir el trabajo inconcluso del año, una meta para todos los involucrados, aunque hasta ahora han sido lentos en forjar los frecuentemente truculentos compromisos necesarios para sacar adelante la legislación deseada.

Pelosi y Mnuchin hablaron el domingo por la tarde y se considera que dicha pareja sería a quienes hay que observar en lo que queda del gobierno de Trump. Ella no ha tirado la toalla en sus esfuerzos por obtener financiamiento para los gobiernos locales y estatales, que era parte de la ley aprobada en marzo por dos billones de dólares.

El presidente electo Joe Biden desea cuanto alivio para el COVID-19 sea posible pero no tiene ninguna influencia directa en las negociaciones. Aunque él dará poder a los demócratas una vez asuma la presidencia en enero, los líderes republicanos como McConnell han estado jugando “bola recia” y han obligado a Pelosi a reducir sus demandas. Y mientras McConnell apoyaba el bono por desempleo de 300 dólares semanales en el verano, ahora se ha retractado tras las elecciones de noviembre.

También se está considerando un elemento para reducir las “sorpresivas cuentas médicas”, las asombrosamente altas cuentas cobradas a los pacientes con seguros de salud cuando son tratados por un doctor o personal médico de un hospital.

Aunque existe entendimiento entre la mayoría de los legisladores y la Casa Blanca que los pacientes no deberían tener que afrontar miles de dólares en sorpresivas cuentas médicas, la legislación para atender ese problema se ha demorado en tomar forma. Ha sido bloqueada por una Guerra de cabildeos entre grupos de consumidores y aseguradores en un bando, y en el otro, doctores e inversionistas en prácticas médicas. El posible compromiso prohibiría los cobros sorpresas para visitas a salas de emergencia y procedimientos programados, pero McConnell tiene aún que respaldar ese acuerdo.

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