![El fiscal de la CPI, Karim Khan, durante una rueda de prensa en Colombia. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/89D1B2F7-BE74-4311-8E52-D4B53A8EA226_w250_r1_s.jpg)
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una oficina en Venezuela, confirmó el fiscal Karim Khan, en declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro, durante una visita oficial que se hizo pública el jueves.
“Las partes han acordado que mi fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, es algo concreto que va a poder permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma”, dijo Khan a través del canal del Estado.
“La fiscalía también cuenta con asesores especiales que podrán proporcionar asistencia técnica a Venezuela para facilitar la transferencia de conocimientos, para que podamos profundizar y fortalecer nuestras alianzas”, manifestó.
El fiscal añadió que acordó con el Estado venezolano la emisión de “visados de múltiple entrada” que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder “de forma sencilla” a Venezuela, así como reuniones de trabajo entre equipos técnicos de su oficina y miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Khan resaltó que lograron un “consenso” en el sentido de que podrá trabajar con organizaciones internacionales, “colaborando con el apoyo de Venezuela”, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para contar con asistencia y lograr que el memorando de entendimiento firmado en noviembre pueda “ponerse en practica”.
Khan dijo que Maduro le ha reiteró que las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía de la CPI “no están justificadas”.
Además, propuso llevar a cabo en Caracas, en el segundo semestre de 2023, una conferencia de alto nivel para trabajar en nuevas vías de intercambio de conocimientos técnicos acerca del Estatuto de Roma y la complementariedad.
Maduro aseguró que la oficina de la fiscalía Venezuela les permitirá llegar a un nivel de “dialogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso”.
“Estamos interesados en la prevalencia plena de los derechos humanos, en el goce de los derechos sociales y políticos por parte de nuestro pueblo, somos los primeros interesados en que se haga justicia”, expresó el mandatario.
Un "avance"
Consultado por VOA, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, considera positivo que se haya acordado abrir una oficina de la fiscalía de la CPI en Venezuela.
“No significa más que la acción de la fiscalía de la CPI en Venezuela. Saludamos como un avance positivo y esperemos que no solamente se incluya a la Oficina de la Alta Comisionada en los aspectos de colaboración con esta Oficina sino también a la Misión de Determinación de Hechos”, dijo el jueves por la tarde.
La defensora de derechos humanos y miembro del Parlamento de 2015, Delsa Solórzano, reaccionó asegurando que el fiscal llegó a Venezuela a “exigir que se cumpla con lo establecido en el Memorando de Entendimiento que se firmó en noviembre de 2021”.
“Se ratifica competencia de la CPI. La justicia siempre llega”, añadió en su cuenta en Twitter.
Distintos sectores de la sociedad civil de Venezuela han insistido en que las reformas judiciales que el Gobierno de Maduro asegura llevar a cabo buscan “eludir” la competencia de la CPI.
La semana pasada, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela reiteró su preocupación respecto al “limitado” alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad contra autoridades materiales “de bajo nivel”, por lo que están ampliando las actuales investigaciones a las responsabilidades de “más altas” de la cadena de mando.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento, basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
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