La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú recurrieron a un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte desde diciembre.
Miembros de la CIDH visitaron el país en diciembre de 2022 y enero de este año. Boluarte asumió el poder tras un fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo a principios de diciembre.
En el documento de 113 páginas se señala que la delegación de la CIDH llegó a su conclusión tras recibir una vasta información durante audiencias en Lima, Ica, Arequipa y Cusco.
Luego pudo confirmarlo también con el alto número de muertos y heridos con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego y el descubrimiento de un alto número de víctimas que ni siquiera estaban participando de las protestas.
El informe mencionó la violencia dirigida, “inclusive de forma indiscriminada contra la población; ataques a periodistas; así como detenciones masivas de personas manifestantes”.
En el informe, la CIDH menciona a 56 ciudadanos que perdieron la vida y otras 912 personas terminaron con alguna lesión.
“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos”, dice el documento . “Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”.
Agregó que “de encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes”, menciona.
De igual manera, los enviados de la CIDH recogieron evidencias de “hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta” por parte de individuos que quemaron edificios públicos, entre ellos sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público; ataques a inmuebles privados y saqueos, además de bloqueos y “tomas de infraestructura crítica” lo cual provocó afectaciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos y medicinas en diferentes regiones de Perú.
Ayacucho y Puno
La entidad interamericana hizo también un análisis particular de los casos en Ayacucho y Puno.
En Ayacucho se registraron 10 muertos a consecuencia de las protestas. El informe indica que “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Además, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Por otro lado, en la ciudad de Juliaca (Puno) también hubo 17 muertos en las marchas contra Boluarte.
“La CIDH observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, sostienen.
Estigmatización
La CIDH también pudo constatar que hay un deterioro en el debate nacional de Perú porque existe una narrativa muy fuerte contra las personas indígenas y campesinas, quienes reciben calificativos como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras expresiones.
“La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita, guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país”, insiste el informe.
De acuerdo a los observadores, "estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”.
Diálogo y recomendaciones
En su informe, la CIDH enfatiza que Perú debe superar la grave crisis política que padece desde 2016 bajo un diálogo efectivo y de acuerdos en el marco del Estado de Derecho. Además, se deben adoptar medidas dirigidas a fortalecer la institucionalidad democrática del país.
Entre las recomendaciones se incluye que se debe reparar a los deudos de las víctimas de las protestas con una investigación profunda y rápida para identificar a los responsables de las muertes.
En esa línea se destaca que piden más recursos para el Ministerio Público con el fin de que pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera al crear más fiscalías especializadas en derechos humanos que estén a lo largo del país.
La CIDH recomienda sistematizar mediante un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales.
“El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, explican.
Finalmente, el organismo enfatiza que se debe delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Parlamento.
Como respuesta a las observaciones de la CIDH, el gobierno peruano “expresó su agradecimiento” y “ratificó ‘su firme compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, la dignidad de la persona humana y la defensa y promoción de las libertades fundamentales'".
Boluarte busca limpiar su imagen
Antes de la publicación del informe de la CIDH se conoció que el Gobierno de Dina Boluarte está desembolsando 110.000 dólares a la consultora Patriot Strategies LLC desde el 10 de abril pasado hasta el 9 de junio, según Joshua Goodman, periodista de la agencia AP.
Este acuerdo sería una suerte de renovación del Poder Ejecutivo con la firma estadounidense porque previamente había desembolsado 55.000 dólares para poner en marcha una campaña de comunicaciones para limpiar la imagen de Boluarte ante la comunidad internacional.
Hace una semana, la ONG Human Rights Watch (HRW) también publicó su informe en el que denunciaba que las muertes ocurridas durante las protestas contra el Ejecutivo “constituyen ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”.
“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro [Alberto] Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”, sentenciaron.
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