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Guatemala: campesinos marchan contra la corrupción y alto costo de los alimentos


Participantes en una protesta organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) para pedir la renuncia de la fiscal general, detener los desalojos, y el fin de lo que llaman privilegios para las grandes corporaciones en Ciudad de Guatemala, el 10 de julio de 2024.
Participantes en una protesta organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) para pedir la renuncia de la fiscal general, detener los desalojos, y el fin de lo que llaman privilegios para las grandes corporaciones en Ciudad de Guatemala, el 10 de julio de 2024.

Cientos de campesinos marcharon el miércoles en la capital guatemalteca para exigir al gobierno del presidente Bernardo Arévalo cumplir sus promesas de campaña, como destituir a la fiscal general Consuelo Porras, frenar los desalojos de campesinos y mitigar el alto costo de alimentos.

Cientos de campesinos de diferentes departamentos de Guatemala protestaron el miércoles en varios puntos de la capital para exigir al gobierno que cumpla su promesa de campaña sobre la destitución de la fiscal general y contra el alto costo de la canasta básica.

Esta es la primera manifestación de campesinos desde que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero.

Portando banderas blancas con el logotipo del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que convocó a la protesta, cientos de campesinos se aglutinaron frente al Palacio Nacional.

Thelma Cabrera, líder de CODECA, dijo que el gobierno de Arévalo prioriza otros sectores y no a los más vulnerables y que hay demandas de la población aún no resueltas. No descartó más movilizaciones.

Arévalo viajó al departamento de Chimaltenango, al occidente de la capital, adonde supervisó la atención que le dan a familias afectadas por un deslizamiento de tierra a causa de las lluvias y dijo que oficiales de gobierno atenderían a los manifestantes.

Vicenta Jerónimo, exdiputada indígena y una de las líderes históricas de CODECA, dijo a The Associated Press que "lo que exigimos del presidente Arévalo es que responda a la población. Nosotros estuvimos en las calles apoyando para que tomara posesión y aún no vemos cambios, deben terminar los desalojos de tierras, la gente se queda sin nada, sin un techo en su cabeza”.

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Una de las promesas de campaña de Arévalo fue que cuando llegara al poder impulsaría la salida de la fiscal general Consuelo Porras, sin embargo, debido a varios recursos legales la funcionaria aún sigue en su cargo y ha continuado investigando y procesando a opositores, especialmente al partido de gobierno y a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En 2023 cuando Arévalo ganó la presidencia Porras y los políticos perdedores de la contienda encabezaron acciones legales contra el partido Movimiento Semilla de Arévalo, funcionarios y empleados del TSE.

La fiscalía dirigida por Porras intentó también que se declarara un fraude electoral pero no tuvo eco y Arévalo fue juramentado como presidente. Las investigaciones de la fiscalía continúan pese a que Arévalo y los funcionarios electorales gozan de inmunidad.

Las demandas de los campesinos también incluyen la renuncia de otros funcionarios del Ministerio Público como el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana por considerar que lideran estructuras dentro del sistema de justicia que criminaliza a opositores políticos y periodistas.

Valerio Méndez, un campesino de 60 años que llegó desde el municipio de Concepción Tutuapa en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, dijo que se levantó de madrugada para llegar a tiempo a la capital a protestar.

“Venimos desde lejos, allá hay gente que no tiene ni qué comer, hay cobros abusivos de energía eléctrica, queremos que el presidente nos apoye y nos responda”, dijo Méndez.

Porras, Curruchiche y Orellana fueron sancionados por el gobierno estadunidense y otros 40 países de la Unión Europea y Canadá, que les han impedido entrar a sus territorios, por considerar que socavan la democracia en Guatemala y obstaculizan la lucha anticorrupción.

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