La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala pidió el martes 40 años de cárcel para el periodista José Rubén Zamora por supuesto lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Asimismo solicitó el pago de una multa de 300.000 quetzales (unos 38.200 dólares).
También, la Fiscalía solicitó 8 años de prisión para la exfiscal Samari Gómez por el delito de revelación de información confidencial o reservada.
Durante el juicio, que se encuentra en fase de conclusiones, la fiscal Cinthia Monterroso aseguró que Zamora, del extinto elPeriódico, buscó ocultar el origen de justamente 300.000 quetzales.
Además, dijo que se puede “inferir” que los anticipos de publicidad que recibía elPeriódico pudieron ser producto de “extorsión” y “chantaje”.
También, señaló que el periodista cometió "menosprecio a la autoridad" contra Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, y Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, sancionado por el gobierno estadounidense por, según Washington, obstruir la lucha contra la corrupción.
Zamora, de 66 años, fue presidente de elPeriódico, un medio de comunicación que cerró a mediados de mayo de este año tras operar por casi 30 años.
El periodista, que lleva diez meses preso, ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.
Zamora fue acusado por la fiscalía luego de que Ronald Navarijo, un amigo suyo y comerciante, dijo que Zamora le había pedido depositar en un banco 240.000 quetzales (unos 30.000 dólares) en efectivo.
La defensa de Zamora sostiene que el periodista buscó apoyo en Navarijo para no ser él quien ingresara el dinero al sistema bancario ya que provenía de una donación y se usaría para pagos del medio.
El caso, que aún no tiene una sentencia, ha logrado la atención del gobierno estadounidense y de países de la Unión Europea, quienes han advertido sobre un deterioro del Estado de Derecho y la criminalización de funcionarios del Poder Judicial, defensores de los derechos humanos, opositores y periodistas.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en Guatemala, se han exiliado al menos 35 operadores de justicia, activistas, periodistas y opositores.
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