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Guatemala: Revés del Supremo a juez que sentó en banquillo a un exdictador y a un expresidente culpable de genocidio


Miguel Ángel Gálvez, juez del tribunal de mayor riesgo de Guatemala, posa para una fotografía en su oficina en el piso 14 del imponente edificio judicial en la Ciudad de Guatemala, el 12 de mayo de 2022.

Las acciones contra el juez se suman a lo que funcionarios de justicia han denunciado como una criminalización de su trabajo que ha llevado al exilio a más de 20 jueces y magistrados guatemaltecos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala dio el aval para iniciar el trámite de retiro de inmunidad al juez anticorrupción Miguel Ángel Gálvez, quien es conocido por haber emitido fallos importantes en investigaciones sobre crímenes de guerra y de corrupción.

El fallo del supremo se da a petición de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que el pasado 11 de mayo solicitó un antejuicio contra Gálvez, a quien acusan de delito de “prevaricato”.

Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, una institución considerada de ultraderecha, esgrimió que la solicitud de antejuicio fue presentada por el delito de “prevaricato -entre otros- por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

El director de la FCT, sancionado en 2021 por el Departamento de Estado de EEUU por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron crímenes o están bajo investigación por corrupción, también aseguró hará que el juez pague por lo que considera “graves delitos” cometidos al frente de su judicatura. “Lo vamos a ver preso o exiliado”, vaticinó.

Persecución

El juez Gálvez ganó notoriedad luego que sentó en el banquillo al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado. Sin embargo, posteriormente la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado nuevamente.

Asimismo enjuició al general Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, quien tuvo que renunciar al cargo junto con su gabinete por acusaciones de corrupción.

En una entrevista con AP, Gálvez dijo que había recibido amenazas de muerte, hostigamiento y acoso incluso de personas allegadas a la FCT, la misma que lo denunció. “Es una venganza contra mi trabajo”, dijo entonces el juez. Gálvez responsabiliza de las amenazas a Méndez Ruiz, presidente de la Fundación.

El acoso contra Gálvez se incrementó luego de que enviara a juicio a diez ex policías y militares que serán investigados por la muerte, tortura, desaparición forzada y ejecución de 21 personas, de al menos 183 que sufrieron esos vejámenes durante la guerra.

El caso, conocido como 'Diario Militar', es uno de los más emblemáticos de la guerra civil de Guatemala. Se trata de un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de esas 183 personas durante la década de 1980.

Aumenta la lista

El proceso, iniciado por el supremo de Guatemala, contra el juez anticorrupción se suma a otros casos en los que los impartidores de justicia son objetos de juicios por los casos que presidieron y en los que emitieron resoluciones que involucran a exfuncionarios, militares y poderosos empresarios guatemaltecos.

Recientemente, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo observar con preocupación la persecución de la que impartidores de justicia son objeto en Guatemala, “fiscales y jueces que desempeñaron un papel destacado en los esfuerzos contra la impunidad”.

A través de un comunicado de prensa la ONU reconoció la “importante contribución” de esos jueces y fiscales al sistema judicial del país durante el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), que fue clausurada en 2019, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales.

En lo que va del año, unos 20 funcionarios de justicia han huido de Guatemala hacia Estados Unidos y otros países debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.

* Con información de AP.

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