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HRW denuncia reiteradas violaciones a DDHH durante régimen de excepción en El Salvador


El régimen de excepción iniciado en marzo pasado en El Salvador ha dejado 58.000 personas capturadas, entre ellos 1.600 niños, según un informe de Human Rigths Watch y Cristosal. 

Organizaciones de DDHH denuncian abusos reiterados durante régimen de excepción vigente en El Salvador desde el pasado mes de marzo.

SAN SALVADOR –En El Salvador hay casos reiterados de violaciones de derechos humanos tras un régimen de excepción implementado en el país en marzo pasado, según un informe de las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en New York, y Cristosal, con sede en San Salvador.

“Las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un periodo de varios meses”, expone el informe.

Entre el 24 y 27 de marzo, El Salvador vivió una de las peores olas de violencia registradas en su historia democrática. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 asesinaron a 92 salvadoreños.

En respuesta, el gobierno del presidente Nayib Bukele declaró un “régimen de excepción” en el que suspendió derechos como la libertad de asociación, de reunión, de privacidad a las comunicaciones, entre otros. A la vez implementó una retórica antipandillas que sigue vigente.

Policías y soldados han llevado a cabo decenas de operativos en comunidades de bajos recursos en las que, según cifras oficiales, más de 58.000 personas, incluidos 1.600 menores, han sido detenidos hasta el momento.

Según HRW y Cristosal, el régimen de excepción ha generado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión, así como violaciones al debido proceso y más de 90 muertes ocurridas bajo custodia policial.

Las organizaciones entrevistaron a más de 1.100 personas en los 14 departamentos de El Salvador, incluyendo a víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos, jueces, fiscales, periodistas, funcionarios estatales y médicos forenses. Asimismo, se revisaron documentos médicos y judiciales, incluidos certificados de defunción.

“La campaña de detenciones masivas e indiscriminadas por parte de las autoridades ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. En muchos de los casos, las detenciones parecen estar basadas en la apariencia física de las personas y en su lugar de residencia”, dice el informe.

Las fuerzas de seguridad se han negado a comunicar a las familias el paradero de los detenidos, lo que constituye “una desaparición forzada conforme al derecho internacional", asegura el reporte.

Debido a la falta de información sobre el paradero de los detenidos, cientos de personas durmieron frente a los centros de detención, entre ellos el penal de Mariona, a finales de mayo.

“En lugar de adoptar medidas para evitar abusos, el presidente Bukele ha respaldado públicamente a las fuerzas de seguridad y ha actuado de manera intimidatoria hacia los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el país y que podrían investigar esos abusos”, señala el informe.

El gobierno y el Congreso bajo el mismo propósito

Mantener un régimen de excepción ha sido una decisión del gobierno de Nayib Bukele ejecutada por el Congreso, de mayoría oficialista. El ala legislativa de El Salvador no solo ha prorrogado ocho veces el régimen de excepción sino que además aprobó un paquete de reformas penales que incluyen el encarcelamiento de adolescentes desde los 12 años.

“En la actualidad, en El Salvador no existe ninguna entidad gubernamental independiente que pueda servir como freno o contrapeso al poder Ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos”, añade el informe.

De acuerdo a las organizaciones, los legisladores han debilitado gravemente la separación de poderes. Asimismo, hay un desmantelamiento de la independencia judicial que significa “que las víctimas de pandillas o de violaciones de derechos humanos tendrán poco o ningún acceso a vías de resarcimiento y justicia”.

En una conferencia de prensa, la directora de la División de las Américas de HRW dijo que el país centroamericano se enfrenta al inicio de una política de cuotas de detenidos “que si bien nos han informado que ha sido suspendida, generó una serie de incentivos perversos que nos preocupan muchísimo”.

"Guerra contra las pandillas": la respuesta del Estado

El gobierno de El Salvador utiliza con frecuencia el mensaje “guerra contra las pandillas”, con el que publicita las capturas de supuestos miembros de pandillas, los cercos militares en las comunidades históricamente asediadas por estos grupos y la disminución de los homicidios.

Según el Ministerio de Seguridad, en El Salvador aún hay pandilleros en libertad, por lo que “es necesario” mantener un régimen de excepción para capturar al menos a 83.000 pandilleros.

"Si bien las circunstancias bajo las cuales se decretó la suspensión de derechos y garantías han disminuido, persiste la amenaza de actuación criminal de dichos grupos, por lo que, el suspender la aplicación de las referidas medidas extraordinarias derivadas de dicho régimen propiciaría un retroceso en los avances”, dijo el titular de la institución tras la octava prórroga del régimen a mediados de noviembre.

La tasa de homicidios en El Salvador, que registraba una tendencia a la baja desde 2015, disminuyó significativamente con la llegada de Bukele al poder. Esto ha procurado que los índices de popularidad del mandatario se mantengan, pese a las denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos en el país.

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