Estados Unidos mantendrá el Título 42 -una orden de emergencia aún vigente que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera- hasta que ya no sea necesario por cuestiones de salud pública, dijo el miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al Congreso.
El gobierno de EE. UU. no ha retirado la regulación, puesta en pie por el gobierno del expresidente Donald Trump, que cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes alegando motivos de salud pública por la pandemia.
Mayorkas dijo frente a una audiencia en la Cámara de Representantes, que el Título 42 fue requerido por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) basado en imperativos sanitarios.
Por ende, explicó el secretario, EE. UU. no dependerá de la orden cuando “ya no exista una base imperativa de salud pública para hacerlo”. El Título 42 “no está necesariamente basado en los flujos migratorios sino en los datos y hechos de salud pública”, agregó.
En su momento, la decisión del gobierno Trump de implementar la orden fue recibida con críticas por parte de organizaciones en defensa de derechos humanos, que acusaron a la administración de usar el pretexto de la pandemia para cerrar la frontera.
La implementación de Título 42 estuvo rodeada de acusaciones de haber sido motivada políticamente y en octubre del 2020 la agencia Associated Press reportó que el entonces vicepresidente Mike Pence instruyó a los CDC a usar sus poderes de emergencia para cerrar la frontera, a regañadientes de los científicos de la agencia que no veían pruebas de que no permitir la entrada de migrantes pararía la propagación del COVID-19.
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Mayorkas insistió el miércoles en que su gobierno está usando el Título 42 en base a las valoraciones de los CDC de las condiciones de salud pública y “lo que se necesita para proteger la salud y la seguridad de los estadounidenses y los propios migrantes”.
Por el momento, las únicas diferencias a la hora de implementar el Título 42 con respecto a la Administración Trump, es que ahora se permite la entrada de menores no acompañados, un pequeño porcentaje de familias y de 250 solicitantes de asilo por día.
Los republicanos acusan al gobierno Biden de crear una "crisis" en la frontera y lo señalan por tener, lo que ellos aseguran son, políticas laxas hacia la migración irregular.
"Estamos en un punto de crisis", exhortó a Mayorkas el congresista Chuck Fleischmann, representante por Tennessee ante la Cámara Baja. "Parece que el mensaje del Gobierno Biden a todos es que EE. UU. no tiene límites sobre quién puede venir porque la administración no está haciendo cumplir las leyes migratorias", agregó.
La aplicación de la orden es responsable de que, en el mes de abril, el 63% de todos los encuentros por parte de la Patrulla Fronteriza terminaran en expulsiones, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
Presupuesto para Seguridad Nacional
Durante la audiencia frente al Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Mayorkas también presentó el presupuesto que el gobierno Biden pide al Congreso aprobar para el Departamento de Seguridad Nacional.
El secretario explicó que de los 52.200 millones de dólares totales que se solicitan para la agencia que lidera, 1.200 millones irán para la mejora de infraestructura de la frontera, que incluye “modernización de los puertos de entrada y seguridad fronteriza”. Otros 345 millones de dólares para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), para programas de naturalización, asilo, refugiados, entre otros.
El presupuesto también incluye 131 millones de dólares para combatir el extremismo doméstico violento, dijo Mayorkas, al que calificó de la “más letal y persistente amenaza terrorista a EE.UU. a día de hoy”.
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