Mientras la comunidad inmigrante en Arizona espera la decisión que tomará la Corte Suprema de Estados Unidos en las próximas semanas sobre el futuro de la ley SB1070, organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes siguen ejerciendo presión para bloquear este tipo de leyes y fortalecer el poder electoral de los inmigrantes.
En una conferencia de prensa vía telefónica, miembros de organizaciones como el Foro Nacional Inmigratorio, el Consejo Nacional de la Raza y Promete Arizona aseguraron que los inmigrantes se han movilizado para luchar por sus derechos.
El director ejecutivo del Foro Nacional Inmigratorio, Ali Noorani, dijo que "hispanos, asiáticos y otros inmigrantes se están enfrentando a la ola de leyes discriminatorias, y están convirtiendo su frustración en acción convirtiéndose en ciudadanos y participando en el proceso político estadounidense”.
Una de las iniciativas promovidas por las organizaciones es la naturalización de inmigrantes que son elegibles para ser ciudadanos, aproximadamente ocho millones de personas.
Noorani dice que, si estos inmigrantes se convierten en ciudadanos estadounidenses, su poder político aumenta porque pueden votar y así expresar su rechazo a leyes como la de Arizona a través del voto.
Clarisa Martinez, directora de inmigración y campañas nacionales del Consejo Nacional de la Raza, expresó que aplicar para la ciudadanía es una herramienta importante para defender los derechos de los inmigrantes.
“Convertirse en ciudadano es un paso crítico que nosotros los inmigrantes tomamos para incorporarnos plenamente en la vida cívica y política de esta nación que hemos decidido llamar nuestra. Y ese acto es más importante que nunca”, afirma Martínez.
Los miembros de las organizaciones también expresaron su deseo de que la Corte Suprema decida en contra de la controversial Ley de Arizona.
Como parte de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia en contra del estado de Arizona, los jueces de la Corte Suprema decidirán próximamente si mantienen la suspensión de cuatro secciones de la ley SB1070 que fueron bloqueadas por una juez federal en 2010.
Una de las secciones más controvertidas de la ley permite a las autoridades del estado cuestionar el estatus migratorio de una personas en caso de “una sospecha razonable” de que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
En una conferencia de prensa vía telefónica, miembros de organizaciones como el Foro Nacional Inmigratorio, el Consejo Nacional de la Raza y Promete Arizona aseguraron que los inmigrantes se han movilizado para luchar por sus derechos.
El director ejecutivo del Foro Nacional Inmigratorio, Ali Noorani, dijo que "hispanos, asiáticos y otros inmigrantes se están enfrentando a la ola de leyes discriminatorias, y están convirtiendo su frustración en acción convirtiéndose en ciudadanos y participando en el proceso político estadounidense”.
Una de las iniciativas promovidas por las organizaciones es la naturalización de inmigrantes que son elegibles para ser ciudadanos, aproximadamente ocho millones de personas.
Noorani dice que, si estos inmigrantes se convierten en ciudadanos estadounidenses, su poder político aumenta porque pueden votar y así expresar su rechazo a leyes como la de Arizona a través del voto.
Clarisa Martinez, directora de inmigración y campañas nacionales del Consejo Nacional de la Raza, expresó que aplicar para la ciudadanía es una herramienta importante para defender los derechos de los inmigrantes.
“Convertirse en ciudadano es un paso crítico que nosotros los inmigrantes tomamos para incorporarnos plenamente en la vida cívica y política de esta nación que hemos decidido llamar nuestra. Y ese acto es más importante que nunca”, afirma Martínez.
Los miembros de las organizaciones también expresaron su deseo de que la Corte Suprema decida en contra de la controversial Ley de Arizona.
Como parte de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia en contra del estado de Arizona, los jueces de la Corte Suprema decidirán próximamente si mantienen la suspensión de cuatro secciones de la ley SB1070 que fueron bloqueadas por una juez federal en 2010.
Una de las secciones más controvertidas de la ley permite a las autoridades del estado cuestionar el estatus migratorio de una personas en caso de “una sospecha razonable” de que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
