El informe más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) revela que las Américas continúan enfrentando “serios desafíos en la lucha contra la corrupción”. Una de las razones que explicarían esta situación es “la falta de independencia judicial” que ha provocado un agravamiento de este panorama.
Dos tercios de los países de la región han obtenido una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el IPC y, según el informe, ese debilitamiento del poder judicial “debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común”.
A lo largo de la última década, solo Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) han mejorado sus calificaciones, mientras que la gran mayoría de los demás países se han estancado o deteriorado significativamente. Canadá (76) y Uruguay (73), con sistemas sólidos de pesos y contrapesos institucionales, lideran la región en integridad. En contraste, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) registran los puntajes más bajos, caracterizados por una impunidad generalizada y la total falta de independencia judicial.
Falta de independencia, corrupción e impunidad
Según la investigación reflejada en el Índice de Percepción de la Corrupción, “en América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia en el Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida de élites políticas y económicas”. Esta situación compromete la capacidad de los sistemas judiciales para aplicar la ley de manera eficaz e imparcial, minando así el funcionamiento democrático.
En países como Brasil (36), México (31) y Honduras (23), la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito socavan la independencia judicial. Esto conduce a la injusticia y a la aplicación selectiva de la ley en función de intereses políticos y de élites, garantizando la impunidad de los corruptos y obstaculizando la recuperación de activos robados.
“En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos”, señalan, y agrega que estos países han experimentado “manipulación” del Poder Judicial en procesos electorales, amenazando la democracia y consolidando dictaduras, como en el caso de Nicaragua.
Sectores vulnerables y la pérdida de confianza
La falta de independencia judicial, la corrupción y la impunidad afectan la confianza pública en el sistema judicial. “Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura”, advierten.
Los más desfavorecidos ante esta situación serían “las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, minorías sexuales y migrantes”, quienes a menudo enfrentan discriminación en la búsqueda de justicia.
Los resultados de un poder judicial independiente: el caso de República Dominicana
Guyana y República Dominicana son excepciones notables, registrando mejoras significativas en sus puntuaciones en el IPC. La primera ha escalado 11 puestos desde 2015 y la segunda, 7 desde 2020.
República Dominicana (35) destaca como el único país en la región que ha experimentado avances notables en la lucha contra la corrupción desde 2021. En un corto período, ha logrado fortalecer la autonomía del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, lo que ha permitido avanzar en la investigación de casos de corrupción significativa sin interferencias externas, según el informe.
En paralelo, el país ha llevado a cabo una profesionalización del Poder Judicial, mejorando la transparencia y promoviendo su modernización digital. Además, la labor de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil ha desempeñado un papel clave al vigilar las acciones judiciales, sensibilizando a la opinión pública sobre los costos de la corrupción y demandando rendición de cuentas.
En Estados Unidos (69), las cuestionamientos sobre la integridad judicial surgieron debido a las débiles normas éticas de la Corte Suprema. Sin embargo, los poderes judiciales a nivel federal y estatal del país continúan operando de manera efectiva, sin interferencias por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Aunque se han presentado intentos de socavar la independencia del Poder Judicial a nivel federal y estatal, en gran medida han fracasado, y los casos contra personas con conexiones políticas siguen su curso sin interferencias sustanciales. Por ejemplo, las investigaciones contra un expresidente de Estados Unidos y el hijo del actual Presidente avanzan a través de procesos judiciales adecuados e independientes.
La situación en Brasil, Ecuador y Perú
En Brasil (36), la independencia del sistema de justicia ha experimentado retrocesos notables durante casi una década. La participación de figuras clave de la Operación Lava Jato, incluyendo al juez y al fiscal principales, en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro ha planteado serias dudas sobre la autonomía del Poder Judicial y la propia investigación.
Aunque Lava Jato ha cumplido diez años y ha revelado esquemas de corrupción significativos, también ha enfrentado críticas por comprometer su imparcialidad. Tanto Bolsonaro como el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva han evitado procesos para fortalecer la legitimidad e independencia del Poder Judicial al designar a personas de confianza como Fiscal General.
La polémica decisión de Lula de nombrar a su exabogado como magistrado del Supremo Tribunal Federal genera aún más preocupación. Además, la reciente invalidación de todas las pruebas del acuerdo de clemencia de Odebrecht, el mayor caso de soborno transnacional, y la suspensión de la multa récord impuesta a JBS, la principal empacadora de carne, aseguran la impunidad en numerosos casos de corrupción a gran escala en Brasil y otros países.
Perú (33) y Ecuador (34) han descendido tres y dos puntos, respectivamente, en comparación con el año anterior.
En Perú, la creciente injerencia de una coalición mayoritaria del Poder Legislativo en el sistema de justicia es motivo de inquietud. Esto se suma al riesgo de que, en 2024, la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar jueces y fiscales, también quede cooptada. Las demoras en las investigaciones también generan preocupación.
Ecuador enfrenta una crisis de violencia y pérdida de confianza en las instituciones públicas. En un contexto de opacidad, falta de rendición de cuentas e integridad, los fallos cuestionables de algunos jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
Los países que han empeorado significativamente
Varios países de las Américas se destacan al descender en el ránking del IPC. Son los siguientes:
Santa Lucía (55): Ha descendido 16 puestos desde 2014
Nicaragua (17): Ha descendido 11 puestos desde 2014
Guatemala (23): Ha descendido 9 puestos desde 2014
Honduras (23): Ha descendido 8 puestos desde 2015
El Salvador (31): Ha descendido 8 puestos desde 2014
Argentina (37): Ha descendido 8 puestos desde 2019
Chile (66): Ha descendido 7 puestos desde 2014
Venezuela (13): Ha descendido 6 puestos desde 2014
Haití (17): Ha descendido 5 puestos desde 2017
Las violaciones de derechos humanos, otro factor en la mira
El Salvador (31) ha experimentado un descenso de cinco puntos en los últimos tres años, evidenciando retrocesos significativos en la lucha contra la corrupción. Este aumento en la percepción de la corrupción está vinculado a la influencia del Ejecutivo en la cooptación del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Legislativo.
“Esta situación ha profundizado la impunidad en el país, ya que el sistema de justicia no avanza en las investigaciones contra funcionarios del gobierno actual”, explica el informe. Además, la falta de controles efectivos ha permitido que el presidente Nayib Bukele pueda buscar la reelección inmediata, a pesar de su inconstitucionalidad.
Honduras (23) también ha experimentado un debilitamiento significativo del sistema de pesos y contrapesos. La creciente influencia del Poder Ejecutivo en el Congreso ha facilitado el nombramiento de la Fiscal General por parte del Legislativo, careciendo de transparencia y siendo realizado de manera ilegal.
El país también enfrenta ataques cada vez más frecuentes contra la prensa y las organizaciones de base que buscan que el poder rinda cuentas, “consolidando una tendencia autoritaria en el norte de América Central”.
Venezuela y el pago de sobornos a jueces y fiscales
En Venezuela (13), el pago de sobornos y la cooptación de jueces y fiscales en todos los niveles del sistema de justicia se han convertido “en mecanismos principales utilizados por las redes delictivas” para asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas y su impunidad. Algunos jueces y fiscales venezolanos, dicen, además de estar vinculados a estas redes, están siendo investigados por la Corte Penal Internacional debido a su participación, actuación u omisión en abusos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Guatemala y Chile, “países a observar”
Guatemala (23) ha experimentado una disminución de 10 puntos desde 2012 debido a tres gobiernos sucesivos asociados con prácticas corruptas.
El informe destaca que las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tuvieron un impacto significativo al dar lugar a la formación del "Pacto de Corruptos", “una alianza a favor de la corrupción compuesta por redes políticas y económicas cuyos intereses se vieron amenazados por las exitosas investigaciones de la CICIG”. Este grupo contribuyó a la propagación de la corrupción en el país, asegurando la impunidad de sus miembros al cooptar todas las instituciones y poderes del Estado.
En los últimos años, el uso político del Ministerio Público y del Poder Judicial para perseguir a aquellos que luchan contra la corrupción ha dejado al Estado “sin capacidad institucional para combatir la corrupción, otorgando impunidad total a las élites y redes corruptas por sus acciones”.
Además, en 2023, el Ministerio Público se utilizó como instrumento para intentar anular los resultados electorales que fueran adversos al "Pacto de Corruptos" en unas elecciones observadas por la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos.
El principal desafío para el nuevo gobierno, liderado por el presidente electo Bernardo Arévalo, será desmantelar las redes de corrupción que han cooptado al Estado guatemalteco y permitir que recupere sus funciones primarias, las cuales han sido gravemente dañadas por la corrupción.
Chile (66) mantiene una posición destacada en el Índice debido a la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia. No obstante, su puntaje ha experimentado una significativa disminución desde 2014, perdiendo su liderazgo regional.
Este declive se ha producido a raíz de la revelación de varios casos de corrupción de gran impacto que involucran a figuras prominentes de casi todos los partidos políticos principales y muchas de las instituciones más relevantes del país. Estos casos ponen de manifiesto deficiencias estructurales en la prevención de la corrupción y una respuesta insuficiente en cuanto a sanciones.
Este año, según el IPC, Chile tiene “una oportunidad única para marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción y frenar incluso el crecimiento del crimen organizado”.
“Esto podría lograrse mediante la aprobación de la ley de registro de beneficiarios finales y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia”, dice el informe. Además, se requiere la aplicación efectiva de la Primera Estrategia Nacional de Integridad, la modernización en áreas clave para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales para obtener resultados positivos.
El objetivo a futuro
A modo de conclusión, el informe del IPC señala que con urgencia, “la región de las Américas requiere un Poder Judicial más robusto e independiente para asegurar la justicia, enfrentar la impunidad y combatir el crecimiento de las redes de corrupción”. “Los procesos de nombramiento y destitución de jueces y fiscales deben ser transparentes, basados en la experiencia y el desempeño, evitando la interferencia de otros poderes gubernamentales”, dice.
“También es fundamental la apertura de las declaraciones de bienes de jueces y funcionarios públicos para prevenir conflictos de intereses y reforzar la confianza en el Poder Judicial”, explica asegurando que “los jueces y fiscales honestos deberían tener garantías para poder llevar a cabo su labor sin injerencias, presiones ni amenazas a fin de avanzar en las investigaciones e imponer sanciones”.
Con todo, insiste en que “es vital contar con recursos adecuados y asegurar una mayor cooperación internacional entre fiscales independientes de diferentes jurisdicciones para enjuiciar y sancionar la corrupción transnacional”.
Así que con “el fortalecimiento y la independencia del Poder Judicial en las Américas” son factores que a su parecer “contribuirán a la creación de sociedades más justas, orientadas al bien común y libres de corrupción e impunidad”.
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