Le ecuatoriana Ana Morales perdió a su hijo entre los 123 reclusos asesinados dentro de la Penitenciaría de Guayaquil, Ecuador, el 28 de septiembre de 2021, desde entonces está mujer dice que trabaja en el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles de su país, ante una problemática común en las prisiones latinoamericanas y que impacta en gran medica a las mujeres que sortean todo tipo de “abusos”.
La crisis carcelaria en Ecuador, con sucesivas matanzas en las cárceles en los últimos años, ha conllevado “enormes costos para los familiares”. “Frente a esa tragedia las familias no hemos tenido ninguna respuesta efectiva del Estado y menos de la Justicia. Ante la indiferencia y omisiones nos hemos unido y expandido a nivel nacional e internacional”, asegura Morales.
Esta madre junto, a representantes de otros colectivos de mujeres de la región, testificaron este miércoles en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el 'impacto diferenciado en la vida de las mujeres familiares de personas privadas de libertad en las Américas'.
La Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad ha desarrollado también un informe para el organismo regional garante de la protección de derechos humanos, donde acentúa el “impacto económico” y el “estigma social” que enfrentan las mujeres familiares de privados de libertad.
Lucía Alvarado, representante del Centro de Atención Integral de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, en México, explicó que el aspecto económico es uno de los problemas comunes en todo el hemisferio, pues las mujeres deben asumir responsabilidades para manutención de hijos, suplir gastos de procesos legales y además ayudar con los escasos recursos a las necesidades básicas de los detenidos que “deberían proveerla los Estados”.
A nivel regional, el encarcelamiento de familiares afecta a las mujeres pues deben paliar la pérdida de ingresos y los costos de la situación con más trabajo. “Nuestra situación económica se agrava, debido a que incurrimos en gastos extraordinarios para preservar el vínculo familiar y subsanar la situación”, opinó Alvarado.
Agregó que la sobrecarga de trabajo con más horas, trabajos extras y reducción de recursos para su propio cuidado, afectan a las mujeres, pues asumen las responsabilidad de proporcionar insumos “que permitan al familiar sobrevivir en la cárcel”, como llevarle alimentos, ropa, implementos de aseo personal y hasta medicamentos.
"Los centros penitenciarios de la región no cumplen sus obligaciones con las personas privadas de libertad y las familias cumplimos las deficiencias del Estado al llevar en cada visita productos básicos (…) esto vulnera nuestra capacidad económica e incentiva el empobrecimiento de las mujeres”, sostuvo Alvarado.
A eso se suma las distancias de las prisiones, como en México y Colombia, por ejemplo, donde a veces una familia tiene que viajar hasta 3 horas para llegar al centro carcelario donde está detenido su familiar.
Claudia Cardona de la Corporación de mujeres libres en Colombia apuntó a los “abusos y tocamientos” al que son sometidas las mujeres y sus hijos por parte de los custodios durante los regímenes de visita a las cárceles son parte del día a día.
"Las reglas sobre el vestuario que debe llevar una mujer al visitar una prisión y los utensilios o productos que puede llevar a una visita cambian antojadizamente de una semana a otra", señaló.
También apunta al estigma que recae en el grupo familiar del detenido, incluso cuando el encarcelado no esté condenado y no se haya probado su culpabilidad en hechos señalados que le han llevado a la detención.
En el caso de El Salvador, cuyo estado de excepción llega ya a los 16 meses continuos, la situación es aún más compleja para las madres, hijas y hermanas de los detenidos, explicó Wendy Morales, de la organización Azul Originario.
“El estado de excepción ha agravado problemas estructurales del sistema penitenciario”, dijo, como el hacinamiento, antes de marzo de 2022 antes del estado de excepción El Salvador tenía 622 presos por cada 100.000 habitantes, en poco más de un año la tasa ha llegado a 1.540 detenidos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales dijo Morales.
Los comisionados de la CIDH recibieron el informe de las organizaciones y coincidieron que la situación de las cárceles en las Américas es un problema común y que marca “mayores señalamientos” en cuanto a vulneraciones y violaciones a derechos humanos en la región, y que ocupa buena parte del trabajo del organismo con los Estados.
No obstante destacaron que en “enfoque diferenciado” de género y el impacto colateral de las detenciones en las mujeres es otro aspecto que reviste importancia en este momento.
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