La Corte Suprema de Estados Unidos lleva a cabo una audiencia sobre la controversial ley de inmigración del estado de Arizona.
El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que la legislación sobre el control de la inmigración es un tema federal y que los estados no pueden promulgar sus propias leyes, aunque los defensores de la ley sostienen que el gobierno nacional ha fracasado en ofrecer seguridad en la zona de frontera con México.
El tema ha generado una profunda división en Arizona.
Los que esperan
Cada mañana una docena de hombre se reúnen en una estacionamiento en Phoenix, con la esperanza de que los residentes locales le ofrezcan un trabajo como jornaleros, por un pago por día, para trabajos que pueden ir desde jardinería hasta la construcción.
Sin embargo, los jornales son un grupo que está disminuyendo. Desde que la ley SB 1070 fuera aprobada hace dos años, miles de inmigrantes abandonaron Arizona, por temor de que con la autorización que les da la ley, la policía pueda detenerlos.
En el caso de los que esperan en el estacionamiento en Phoenix, son originarios de México que dicen no estar particularmente preocupados, porque de todas formas deben conseguir trabajo para vivir y no quieren abandonar Arizona.
Hace dos años se produjeron protestas multitudinarias en las calles de Phoenix, y muchos hispanos reclaman el hecho de que la ley autoriza a la policía a perseguir a cualquiera que “parezca” mexicano, incluyendo residentes legales y aún ciudadanos que deben demostrar su legalidad en su propio país.
Una corte federal bloqueó parte de la ley, pero el estado presentó una apelación y ahora será la más alta corte de la nación, la Corte Suprema quien deberá considerar sobre la constitucionalidad de la medida legislativa estatal.
Perseguidos por el color de la piel
Uno de los abogados que ayudaron a llevar el caso contra la ley, es Daniel Ortega Jr. quien dice que “creo que lo que tenemos aquí es una situación potencial de que la gente con cierto color de piel o de cabello, o con cierto acento, sea el objetivo de mayor escrutinio”, afirma.
Pero más allá del perfil racial que la ley sugiere, Ortega sostiene que la inmigración como tema legal es un asunto del gobierno nacional. “Cuando se autoriza a los estados a impulsar sus propias leyes, lo que se crea es un collage de leyes sin ninguna uniformidad”, explica.
Razones personales
Sin embargo, el principal patrocinador de la ley SB 1070, el ex senador estatal de Arizona, Russell Pearce, expresa su desacuerdo.
“Los estados tienen poderes de políticas constitucionales inherentes; nunca se ha evitado que los estado ejecuten sus leyes. El único impedimento para aplicar las leyes en la actualidad, es político”, sostiene.
También Pearce tiene razones personales para impulsar la ley. En 2004 su hijo, Sean, quien se desempeñaba como subcomisario, fue herido durante un enfrentamiento armado con criminales que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos. “Con quien realmente estoy enojado, con quien realmente estoy preocupado, es con mi gobierno. Esto no debería haber ocurrido” afirma.
El Comisario Joe
De todas formas, autoridades judiciales de Arizona se han manifestado contra la ley SB 1070, la cual por otra parte es apoyada con entusiasmo por el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio. “Nosotros aplicamos leyes por armas, por droga, por el robo de banco, de forma que: ¿no entiendo por qué en este caso debería ser diferente?”, se pregunta Arpaio.
Los defensores de los derechos humanos acusan a Arpaio de usar perfiles raciales, algo que el comisario rechaza y en cambio sostienen que el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas por la frontera es un problema real.
Opiniones divididas
En las calles de Phoenix las opiniones están divididas, tanto sobre la ley como sobre el hombre conocido en la ciudad como Comisario Joe (Sheriff Joe). “Se supone que el gobierno federal debe hacerse cargo de este tema, pero no lo han hecho, de forma que el estado lo hizo”, dice una mujer.
“Vengo de Los Ángeles, Carlifornia, donde la criminalidad, digamos, está fuera de control, y creo que la situación en cuanto al crimen en Phoenix está muy bien ahora gracias al Comisario Joe”, dice otro hombre.
“Seamos honestos, Arizona es un estado muy racista y creo que no debería tener sus propias leyes” dice una mujer que se opone a la ley.
A favor y en contra
Igualmente, aunque Russell Pearce fue derrotado en una elección para destituirlo de su banca en el año 2011, el ex senador estatal se siente reivindicado por lo que otros en el estado están haciendo.
“Un total de 34 estado han impulsado leyes siguiendo el modelo de la SB1070. Muchos están esperando por una definición en la Corte Suprema, pero Alabama, Georgia y Carolina del Sur ya las han aprobado”, afirma.
Pearce piensa que la Corte Suprema levantará el bloqueo contra la ley, pero el opositor a la medida, el abogado Daniel Ortega Jr. dice que una definición en tal sentido podría enojar mucho a los hispanos en el estado. “Si la Corte decide liberar el bloqueo de la SB1070 y permitir su aplicación, habrá una gran reacción de la comunidad hispana”.
El tema de la inmigración ha provocado una profunda división en el estado y más allá incluso de lo que la Corte Suprema decida, habrá personas enojadas y decepcionadas.
El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que la legislación sobre el control de la inmigración es un tema federal y que los estados no pueden promulgar sus propias leyes, aunque los defensores de la ley sostienen que el gobierno nacional ha fracasado en ofrecer seguridad en la zona de frontera con México.
El tema ha generado una profunda división en Arizona.
Los que esperan
Cada mañana una docena de hombre se reúnen en una estacionamiento en Phoenix, con la esperanza de que los residentes locales le ofrezcan un trabajo como jornaleros, por un pago por día, para trabajos que pueden ir desde jardinería hasta la construcción.
Sin embargo, los jornales son un grupo que está disminuyendo. Desde que la ley SB 1070 fuera aprobada hace dos años, miles de inmigrantes abandonaron Arizona, por temor de que con la autorización que les da la ley, la policía pueda detenerlos.
En el caso de los que esperan en el estacionamiento en Phoenix, son originarios de México que dicen no estar particularmente preocupados, porque de todas formas deben conseguir trabajo para vivir y no quieren abandonar Arizona.
Hace dos años se produjeron protestas multitudinarias en las calles de Phoenix, y muchos hispanos reclaman el hecho de que la ley autoriza a la policía a perseguir a cualquiera que “parezca” mexicano, incluyendo residentes legales y aún ciudadanos que deben demostrar su legalidad en su propio país.
Una corte federal bloqueó parte de la ley, pero el estado presentó una apelación y ahora será la más alta corte de la nación, la Corte Suprema quien deberá considerar sobre la constitucionalidad de la medida legislativa estatal.
Perseguidos por el color de la piel
Uno de los abogados que ayudaron a llevar el caso contra la ley, es Daniel Ortega Jr. quien dice que “creo que lo que tenemos aquí es una situación potencial de que la gente con cierto color de piel o de cabello, o con cierto acento, sea el objetivo de mayor escrutinio”, afirma.
Pero más allá del perfil racial que la ley sugiere, Ortega sostiene que la inmigración como tema legal es un asunto del gobierno nacional. “Cuando se autoriza a los estados a impulsar sus propias leyes, lo que se crea es un collage de leyes sin ninguna uniformidad”, explica.
Razones personales
Sin embargo, el principal patrocinador de la ley SB 1070, el ex senador estatal de Arizona, Russell Pearce, expresa su desacuerdo.
“Los estados tienen poderes de políticas constitucionales inherentes; nunca se ha evitado que los estado ejecuten sus leyes. El único impedimento para aplicar las leyes en la actualidad, es político”, sostiene.
También Pearce tiene razones personales para impulsar la ley. En 2004 su hijo, Sean, quien se desempeñaba como subcomisario, fue herido durante un enfrentamiento armado con criminales que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos. “Con quien realmente estoy enojado, con quien realmente estoy preocupado, es con mi gobierno. Esto no debería haber ocurrido” afirma.
El Comisario Joe
De todas formas, autoridades judiciales de Arizona se han manifestado contra la ley SB 1070, la cual por otra parte es apoyada con entusiasmo por el comisario del condado de Maricopa, Joe Arpaio. “Nosotros aplicamos leyes por armas, por droga, por el robo de banco, de forma que: ¿no entiendo por qué en este caso debería ser diferente?”, se pregunta Arpaio.
Los defensores de los derechos humanos acusan a Arpaio de usar perfiles raciales, algo que el comisario rechaza y en cambio sostienen que el flujo de inmigrantes indocumentados y drogas por la frontera es un problema real.
Opiniones divididas
En las calles de Phoenix las opiniones están divididas, tanto sobre la ley como sobre el hombre conocido en la ciudad como Comisario Joe (Sheriff Joe). “Se supone que el gobierno federal debe hacerse cargo de este tema, pero no lo han hecho, de forma que el estado lo hizo”, dice una mujer.
“Vengo de Los Ángeles, Carlifornia, donde la criminalidad, digamos, está fuera de control, y creo que la situación en cuanto al crimen en Phoenix está muy bien ahora gracias al Comisario Joe”, dice otro hombre.
“Seamos honestos, Arizona es un estado muy racista y creo que no debería tener sus propias leyes” dice una mujer que se opone a la ley.
A favor y en contra
Igualmente, aunque Russell Pearce fue derrotado en una elección para destituirlo de su banca en el año 2011, el ex senador estatal se siente reivindicado por lo que otros en el estado están haciendo.
“Un total de 34 estado han impulsado leyes siguiendo el modelo de la SB1070. Muchos están esperando por una definición en la Corte Suprema, pero Alabama, Georgia y Carolina del Sur ya las han aprobado”, afirma.
Pearce piensa que la Corte Suprema levantará el bloqueo contra la ley, pero el opositor a la medida, el abogado Daniel Ortega Jr. dice que una definición en tal sentido podría enojar mucho a los hispanos en el estado. “Si la Corte decide liberar el bloqueo de la SB1070 y permitir su aplicación, habrá una gran reacción de la comunidad hispana”.
El tema de la inmigración ha provocado una profunda división en el estado y más allá incluso de lo que la Corte Suprema decida, habrá personas enojadas y decepcionadas.
