La nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde su exilio en España, confía en que podrá mantener una continuidad institucional y proteger los activos que la oposición controla en el exterior, así como renovar la licencia del refinador Citgo por unos meses más.
Dinorah Figuera, una médica de 61 años y diputada por el partido Primero Justicia, fue la líder que escogieron los grandes partidos de oposición después de poner fin al mandato de Juan Guaidó, que se mantuvo al frente de la Asamblea Nacional por tres años.
Figuera está convencida que el nuevo equipo liderado por tres diputadas en el exilio podrá enfrentar al presidente Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos, entre otros países, considera un dictador, y proteger de acreedores internacionales activos como el refinador estadounidense Citgo y cerca de 2.000 millones de dólares en lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.
"Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional, Inglaterra apoya a la Asamblea Nacional (...) hemos tenido conversaciones y esa licencia (que protege a Citgo) se puede renovar por más meses", dijo Figuera en una entrevista con Reuters en Madrid.
Este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió la protección a Citgo hasta abril.
Al abandonar Guaidó su rol como presidente interino, que reconocían decenas de países en el mundo por considerar ilegal la reelección de Maduro en 2018, el Congreso opositor creó un nuevo consejo de administración y protección de activos con el que buscan dar continuidad legal a esa figura.
El consejo, que está integrado por figuras de los más grandes partidos políticos opositores, evaluará a partir de ahora la mejor manera de defender los intereses de Venezuela en el extranjero y será fiscalizado, dijo Figuera.
La diputada que desde 2018 vive exiliada en Valencia, en el sur de España, se propone "hilvanar" de nuevo la unidad de la oposición, tras fuertes enfrentamientos entre los líderes de los mayores partidos políticos.
Hasta ahora Figuera, como muchos legisladores opositores, dijo que no cobra un sueldo por su rol y vive de cuidar en Valencia a una anciana diabética de 87 años, porque aún no tiene permiso para ejercer como médico en su país de acogida. Su plan es seguir cuidando a la señora sólo en las mañanas.
Pero está consciente de los riesgos de estar ahora en la primera línea de la lucha política.
"Sé las consecuencias [de asumir el cargo] y he recibido amenazas que me han enviado personas que conocen o tienen personas cercanas al madurismo", agregó la diputada.
Pocas horas después de asumir el cargo, dijo que fuerzas policiales de Venezuela confiscaron en Caracas el apartamento y una camioneta que eran su patrimonio en su país. Desde que está en el exilio, su madre y su hermana fallecieron de COVID-19.
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