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¿Qué piden organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela al Alto Comisionado de la ONU?


Diversas organizaciones solicitaron al Alto Comisionado para DDHH de la ONU hacer gestiones para que se descarte una ley que, según denuncian, podría ilegalizar a las ONG en el país, en Caracas, Venezuela, el 27 de enero de 2022. Foto: Carolina Alcalde, VOA.
Diversas organizaciones solicitaron al Alto Comisionado para DDHH de la ONU hacer gestiones para que se descarte una ley que, según denuncian, podría ilegalizar a las ONG en el país, en Caracas, Venezuela, el 27 de enero de 2022. Foto: Carolina Alcalde, VOA.

Volker Türk, Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU, ha mantenido encuentros con organizaciones de la sociedad civil, defensores de DDHH y representantes de víctimas en Caracas.

La llegada a Caracas de Volker Türk ha animado a casi un centenar de organizaciones civiles a trasladarle al Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH) sus reclamos y a pedir, ante todo, "transparencia".

Entre las observaciones que 90 organizaciones defensoras de derechos fundamentales presentaron en una carta abierta enviada al propio Türk, resalta la exigencia de que el texto del memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público.

“Nos parece inadmisible que el ACNUDH, en contravía del principio de transparencia que debe orientar su labor, pueda avalar que se mantenga en secreto información que, por su repercusión en políticas públicas, debería estar al alcance de los venezolanos”, expone el texto entregado al funcionario de la ONU.

Además, pidieron “elevar el perfil y reforzar” el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales ante lo que consideran “un Estado no dispuesto a cumplir recomendaciones del ACNUDH”.

Otro de los requerimientos que califican de “fundamental” es que los oficiales del ACNUDH destinados a Venezuela cuenten con la “más alta experiencia” para el ejercicio de sus funciones y cuestionan la “alta rotación de la mayoría de los oficiales”, pues genera “obstaculización” de la eficacia de sus gestiones.

También reiteraron la solicitud de que la información oficial en los informes sobre Venezuela “no sea citada literalmente como cierta, sino que sea debidamente contrastada con otras fuentes”.

Sobre las recomendaciones emitidas por el ACNUDH en los diversos informes sobre Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil pidieron la creación de un mecanismo de seguimiento “participativo y transparente” acerca del cumplimiento o no de las mismas.

Además, consideran fundamental que apoyen “claramente” otros mecanismos regionales de protección de DDHH y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos e igualmente, respecto de la Corte Penal Internacional (CPI).

En cuanto a los próximos procesos electorales previstos en el país, en 2024 y 2025, las 90 organizaciones defensoras de DDHH exhortan al ACNUDH a “no eludir” pronunciarse sobre las condiciones en las que se llevarán a cabo las elecciones.

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Andrea Santacruz, miembro de la ONG Civilis DDHH, dijo en representación de las organizaciones que las solicitudes se llevan a cabo en medio de un contexto de “cierre del espacio cívico” y detalló que pudieron conversar al respecto.

“Manifestamos que este peligro inminente ocurre como consecuencia de una política estatal de intimidación y represalia sistemática en contra de las organizaciones de la sociedad civil para dejar a la población completamente indefensa ante la grave crisis de DDHH, en una emergencia humanitaria compleja de gran escala y profundidad y múltiples violaciones de derechos”, aseguró en una conferencia de prensa el viernes en Caracas.

En ese sentido, se refirió a la aprobación, en primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, de una propuesta de ley que, para miembros de la sociedad civil, busca “aniquilar” a las ONG, aunque según Diosdado Cabello, el diputado chavista que hizo la propuesta, no se pretende eliminarlas sino “poner orden”.

Santacruz calificó la propuesta como “el instrumento más grave de violaciones a los estándares internacionales de libertad de asociación” y precisó que solicitaron al Alto Comisionado hacer las gestiones necesarias para que, desde su mandato de protección, “se exija al Estado venezolano descartar la ley e incluso derogar todas aquellas que son violatorias de los DDHH”.

La representante de Civilis, una asociación sin fines de lucro que brinda apoyo a la labor de grupos y organizaciones de la sociedad civil en el campo de DDHH, insistió, además, en que solicitaron llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la liberación plena del defensor de DDHH Javier Tarazona.

“No puede haber represalias tampoco para aquellos que acudimos a la reunión con el Alto y trabajamos de la mano con instancias internacionales”, advirtió Santacruz.

Activista detenida y liberada

Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, alertó que María Fernanda Rodríguez, profesora universitaria e integrante de Sinergia, una de las organizaciones que estuvieron presentes en la reunión con Türk, fue detenida el viernes por la mañana mientras se encontraba en la Universidad Metropolitana en el este de Caracas.

Posteriormente, varias organizaciones, entre ellas Sinergia y la ONG Programa Venezolano Educación Acción en DDHH (Provea), anunciaron que Rodríguez fue liberada. Poco después, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que Rodríguez se encontraba en libertad.

“Informamos que la ciudadana María Fernanda Rodríguez se encuentra en libertad plena y que no está recluida en ningún centro de detención”, manifestó el funcionario, sin brindar más detalles.

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Antes de la liberación, los activistas calificaron como “grave” que se hubiera producido la detención en el marco de la visita del Alto Comisionado.

“Creemos que es fundamental que el Alto Comisionado haga un pronunciamiento firme en este sentido. Lo que estamos viendo es la muestra, las consecuencias del cierre del espacio cívico”, expresó Santacruz.

Consultados por la Voz de América sobre el mensaje que estaría enviando el gobierno a Türk con la detención de una activista, Lexys Rendón, de la ONG Laboratorio de Paz, consideró que el único mensaje que debe llegar es que se demuestra que se sigue estableciendo una acción de “persecución, criminalización y hostigamiento” contra quienes disientan y reivindiquen su derecho.

Se espera que este sábado, antes de partir de Venezuela, Türk ofrezca una conferencia de prensa donde podría presentar sus primeras conclusiones sobre la visita.

“Encantado de relacionarme con varios grupos de víctimas y de la sociedad civil en mi primer día en Venezuela. Mi visita es de solidaridad, diálogo y acción. Todos los países necesitan y merecen un espacio cívico, libre y vibrante”, manifestó Türk en Twitter el jueves, el único pronunciamiento que ha ofrecido fuera de las reuniones previstas en su agenda.

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