El 98% de los crímenes contra los periodistas en México se mantienen impunes, dijo a Voz de América Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, una organización de defensa de los derechos a la información y la libertad de expresión con sede en Londres.
Con cinco asesinatos y al menos dos agresiones desde que comenzó 2022, “ha sido un inicio de año fatídico”, expresó Maldonado en una entrevista exclusiva. “No habíamos tenido registro de un enero con este nivel de violencia”.
Para Maldonado, se trata de “una espiral de violencia atípica potenciada por las disputas territoriales de grupos criminales, pero sobre todo por la inacción de la autoridad”.
Además considera que “hasta cierto punto también hay una complicidad en la violencia contra la prensa”, con 362 agresiones de enero a junio de 2021. “Una agresión cada 12 horas”, mientras que el Gobierno mexicano “sigue anclado en que se va a revisar el mecanismo de protección al periodista”.
Hay una gran necesidad, dijo, de que el Gobierno “atienda con un sentido de urgencia lo que está sucediendo ahora”, que acuerde un mecanismo y lo implemente.
“Lo que está sucediendo está potenciado por la impunidad, por el hecho de que los propios actores políticos son los principales perpetradores de la violencia contra la prensa y por un discurso estigmatizante de la labor periodística que empieza en el presidente, pero que replicado por otros muchos actores a nivel local, y eso genera, pues, un efecto de permisividad”, explicó.
En ese sentido, “todos estos elementos en conjunto son los que están echando gasolina a este fuego de la de la violencia contra la prensa”.
Maldonado señaló que las estadísticas del primer semestre de 2021 reflejan “un importante protagonismo de los partidos políticos en estas agresiones contra la prensa, manteniendo en primer lugar a los funcionarios públicos, pero apareciendo los institutos políticos como uno de los principales agresores”.
Hay una “profunda intolerancia de la clase política al escrutinio público”, dijo. “El 53% de las agresiones son cometidas durante la cobertura de temas políticos o de corrupción”.
“El tema de la impunidad, que se mantiene a niveles alarmantes del 98%, no tiene visos de revertirse”.
¿Qué se puede hacer?
“Yo creo que la revisión del mecanismo sí es pertinente”, como crear “un plan de crisis, un grupo de crisis”, como se está haciendo en Tijuana, donde el Gobierno federal tiene a funcionarios de diferentes instancias de seguridad investigando los asesinatos de Margarito Martín y Lourdes Maldonado.
En opinión de Maldonado, “debería de pensarse en este tipo de mecanismos extraordinarios para los casos más graves y para las regiones donde más se están presentando violencias, planes de contingencia en aquellos estados donde hay una alta incidencia en la violencia contra la prensa”.
Esto implica, “sentar en una mesa intersecretarial … para generar una serie de responsabilidades y repartir una serie de tareas” de manera inmediata.
“Esperar años o simplemente en los turnos al mecanismo o a que mejore el mecanismo, lo único que va a hacer es que se incremente la crisis y pueda de pronto ser incontrolable e incluso ya obsoletos estos cambios que se están proponiendo”, añadió.
Sin embargo, esto “no atiende la complejidad la problemática. Lo que se necesita precisamente tanto en un grupo de crisis o en los planes de contingencia como en las medidas de cambio estructural es un enfoque, preventivo, de acceso a la justicia, de reparación del daño y eso es precisamente lo que está faltando”.
“La acción del Estado en el mejoramiento de los programas de protección está destinado al fracaso si no va acompañado de medidas para revertir la impunidad o garantizar reparación de víctimas”.
Y sobre todo, adoptar medidas preventivas “tan sencillas y tan baratas como emitir discursos de reconocimiento a la labor periodística y de condenar la violencia contra la prensa mucho más enérgicos que los discursos para estigmatizar”.
Maldonado hizo referencia a comentarios del relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien pidió al Gobierno de México suspender un espacio semanal en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigido a los periodistas y los medios que critican a su administración.
En ese espacio, llamado “Quién es quién de las mentiras”, la funcionaria Ana Elizabeth García destaca cada miércoles lo que considera como “noticias falsas” publicadas en la prensa nacional.
Ante el asesinato del periodista Heber López Vásquez, convirtiéndose en el quinto comunicador asesinado en el país en seis semanas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió el viernes "cero impunidad".
"El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes", aseguró el mandatario en su conferencia matutina desde Hermosillo, Sonora, en el noroeste mexicano.
Incluso, el subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, dijo que se detuvieron a dos sospechosos del asesinato "en flagrancia", identificados como los presuntos "coautores materiales".
El Gobierno de México, hasta el momento, no ha respondido oficialmente, ante la solicitud de la VOA, sobre las declaraciones dadas por la organización de defensa de los derechos a la información y la libertad de expresión.
[Versión de texto de Waldo Serrano]
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