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Más de 1,5 millones de líneas telefónicas de Movistar en Venezuela intervenidas por orden del gobierno


ARCHIVO - Una persona camina junto a un edificio de Telefónica, en Barcelona, España.

Más de un millón y medio de líneas telefónicas de Movistar en Venezuela fueron intervenidas por orden del gobierno. Organizaciones de DDHH y activistas señalan "abuso sistemático" por parte del gobierno.

Al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español Telefónica que opera en Venezuela desde 2005, resultaron “afectadas” por solicitudes de “interceptación legal” en 2021 por parte de “autoridades competentes” venezolanas, revela el informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021 de la multinacional española.

Las “intervenciones” representan “más del 20%” de las líneas de teléfono de internet y son significativamente más altas que en el resto de la región en donde la compañía española opera servicios de telefonía móvil, resalta VE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales y se dedica al monitoreo y documentación, con criterio técnico, de censura en internet y otras amenazas a los DDHH.

Telefónica también refiere que han registrado 149.152 solicitudes de “metadatos asociados a las comunicaciones”, lo que se refiere a los datos del suscriptor (nombre, cédula, dirección), pero también información como número de mensajes y llamadas recibidas, de quién, a qué hora, la frecuencia e incluso dirección de IP.

“En Venezuela se ha hablado por años de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de DDHH”, alerta VE Sin Filtro.

El Ministerio Público (MP) a través de sus fiscales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) -previa solicitud del MP y autorización del juez correspondiente-, son algunas de las autoridades competentes, precisa el informe.

Andrés Azpurua, director ejecutivo de Ve Sin Filtro y Venezuela Inteligente, explicó a VOA que no hay manera de saber a quiénes les han interceptado las comunicaciones, pero aclara que sí tienen maneras de tener alguna precisión.

“Algunas de las personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONG o actores cívicos. En la escala es muy grande y esto indica que es un abuso sistemático. No hay manera de esconder esto bajo investigaciones penales legítimas, esto se nota que es un tema abusivo y excesivo de parte del Estado”, dijo.

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Para Azpúrua, lo más preocupante del informe en cuanto al caso Venezuela es la “cantidad” de “líneas afectadas por estas escuchas, pinchazos, intercepciones de telecomunicaciones”.

“No son solo las llamadas, va mucho más allá. Cuando se interceptan las comunicaciones de una línea de teléfono pudieran estar viendo el contenido de las llamadas, la ubicación del teléfono en tiempo real, los mensajes de texto, incluyendo los mensajes de texto de los códigos de verificación que te puedan estar mandando diversos servicios”, detalla.

Azpúrua resalta que no existe información sobre si pudiera estar ocurriendo “algo similar” en operadoras telefónicas venezolanas, entre ellas la estatal CANTV, pero considera que es muy probable y “hasta peor”.

“Complicidad”

Andrés Cañizález, profesor universitario especialista en derechos de libre información y de prensa en Venezuela, se declara preocupado por la “complicidad” de una empresa privada transnacional en lo que califica como prácticas propias de un “Estado policial”.

“Estamos hablando de una empresa privada que se hace cómplice de un Estado policial”, comenta el experto a la Voz de América, preguntándose, a su vez, qué tipo de presiones ejerce el gobierno madurista para obligar a una empresa privada a obedecer directrices que son claras violaciones a derechos civiles.

El caso admitido por Telefónica Movistar en su informe de transparencia sirve de evidencia a la comunidad internacional para ratificar el “historial” de un gobierno que se ha convertido en un “Estado policial”, opina.

“¿Qué presiones ejerce un gobierno como el chavista sobre la empresa privada, incluso como esta, que es una transnacional, con mayor capacidad de atajar las presiones? (Esa empresa) se rinde ante la evidencia de que en Venezuela hay un mandamás que ordena y, así se violen las leyes, obedece”, indica Cañizález.

Subraya que al menos hasta el momento las afectaciones de líneas telefónicas de miles de usuarios no causan estupor ni reacción en Venezuela.

“Este tema no ha sido un escándalo en Venezuela. Se dio a conocer, pero no ha medido el impacto que tiene” en derechos fundamentales, apunta.

El informe que presenta información sobre la actividad en los 12 países en los que opera la compañía, expone que “tal y como ocurre con otras empresas” del sector, Telefónica cumple con “solicitudes de información” referidas a las comunicaciones de sus clientes o usuarios, así como solicitudes de “bloqueo de acceso a ciertos sitios o contenidos”, cursadas por cuerpos y fuerzas de seguridad estatales.

“La transparencia es un ejercicio imprescindible en un mundo en el que se comparten espacios de responsabilidad a la hora de preservar y garantizar los derechos de las personas”, resalta la multinacional, que manifiesta compromiso con los derechos humanos, en especial con los derechos de privacidad y libertad de expresión.

Investigación independiente

Liliana Ortega, directora de una de las organizaciones defensoras de derechos humanos de mayor trayectoria en Venezuela, COFAVIC, opina que el Estado debería abrir una investigación de oficio para determinar la veracidad de las denuncias sobre la afectación de decenas de miles de líneas telefónicas.

“De ser comprobado, podría estar seriamente amenazado el derecho a la intimidad, pero también otros derechos, como la libertad de expresión e información, derecho a la intimidad y otros tantos”, comenta a la VOA.

Ortega, también abogada, explica que esas intromisiones ilegales de las comunicaciones procuran generalmente conocer no solo información individual, sino también colectiva y de asociaciones civiles y políticas.

En Colombia, recientemente hubo un caso similar, recuerda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó su primera audiencia por denuncias contra ese Estado por sus “seguimientos ilegales” al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, conocido como Cajar, durante más de 30 años.

“Todo el que se relacionaba con este comité fue vigilado en todas sus comunicaciones. Generó un precedente muy importante para las personas defensoras de derechos”, asegura la especialista venezolana.

La denuncia similar en Venezuela, opina, “no debería invisibilizarse” y tendría que generar una investigación “independiente, transparente y conclusiva”.

La VOA no obtuvo un comentario inmediato de Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, de momento, el MP venezolano no se ha referido públicamente al informe.

En 2020, el exdirector del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, quien se desmarcó del gobierno de Maduro, denunció que se “han empleado empresas de telecomunicaciones privadas para clonar números telefónicos e interferir correos” y se refirió puntualmente a Movistar.

“Han suministrado información a los organismos represivos del régimen para afectar a las personas que se oponen, desde luego con toda razón, a las pretensiones totalitarias de Nicolás Maduro”, dijo en una entrevista con el medio TV Venezuela el general al que EEUU le retiró las sanciones que le había impuesto.

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