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“Es un proceso de ordenamiento": La Asamblea de Nicaragua cancela otras 100 ONGs


El legislador Walmart Gutiérrez toma la palabra en la Asamblea de Nicaragua, en Managua, el 14 de junio de 2022.
El legislador Walmart Gutiérrez toma la palabra en la Asamblea de Nicaragua, en Managua, el 14 de junio de 2022.

El presidente de la Asamblea de Nacional de Nicaragua Gustavo Porras dijo que estaban "ordenando" la casa, tras las masivas cancelaciones en el país centroamericano.

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este jueves un centenar de organizaciones no gubernamentales más, tan un solo un día después de haber ilegalizado otra cifra similar bajo las mismas razones.

La cancelación fue aprobada con 75 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones de los diputados de este poder del Estado.

El diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional reveló que el número de organizaciones canceladas en lo que va del año ya alcanzaron las 689 entidades y las acusó de que “que no estaban al día con sus obligaciones”.

“Con estas 100 fundaciones o asociaciones que se van a cancelar estaremos completando 689 entidades que se cancelan. Y quiero dejar claro que esto es un proceso de ordenamiento de algo que estaba al garete”, dijo Porras, señalando que estaba claro que había una “manipulación” en cuanto a la razón del cierre masivo de los organismos.

De hecho decenas de organizaciones que han sido ilegalizadas se han pronunciado en sus redes sociales negando las acusaciones del oficialismo, tal y como ocurrió con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la cual era la última entidad de este tipo que quedaba en Managua.

El cierre masivo de estas organizaciones ha afectado a gran parte de la sociedad civil y tardará décadas en reconstruirse, según expertos que aseguran que el presidente Daniel Ortega está causando “una fuga masiva de cerebros”.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018 tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega que ha acusado a organizaciones opositores de intentar darle un golpe de Estado coludido con otros sectores.

A raíz de eso el mandatario —por medio de la Asamblea Nacional que controla—pidió la aprobación de un tridente de leyes “paralizadoras” a como las ha llamado Estados Unidos , con el fin de controlar a sus críticos, como la Ley de Ciberdelitos, que persigue a periodistas; la Ley de Agentes Extranjeros, que fiscaliza aún más a las oenegés; y la Ley de Soberanía o Ley 1055, bajo la cual mantiene en la cárcel la decenas de opositores.

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