Bachelet apunta a Nicaragua por "impunidad" en casos de indígenas asesinados

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el lunes que sigue muriendo población indígena en Nicaragua debido a disputas territoriales y que casos del 2020 continúan sin ser respondidos por la justicia.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, el lunes, citó información obtenida recientemente.

"Mi oficina también recibió informes de que el 23 de agosto, al menos nueve personas indígenas habrían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con una disputa sobre tierras (...) en la región autónoma de Costa Caribe Norte", expuso.

"Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales resgistradas en esta misma área desde enero del 2020, permanecen todavía impunes", remarcó Bachelet.

Sobre el caso al que se refiere Bachelet, el gobierno de Daniel Ortega presentó días después de lo que fue catalogado como “masacre indígena”, a tres personas detenidas y dijo que 11 más se encontraban prófugos de la justicia.

Las autoridades explicaron que los crímenes fueron motivados por “la explotación de oro” en la zona, una versión contraria a la denunciada por los habitantes de la localidad indígena, que reportaron la presencia de colonos.

Los familiares de las víctimas dijeron un día después en una conferencia de prensa virtual que “no hay justicia” sobre el caso e hicieron un llamado al gobierno a que pueda esclarecer los hechos.

Irregularidades en las elecciones

Por otro lado Bachelet denunció el deterioro del proceso electoral de Nicaragua previsto el 7 de noviembre e indicó que se han detenido a por lo menos 36 personas, dentro de ellos políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos y estudiantiles.

Los nicaragüenses, señaló Bachelet, tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña, y los medios deben cubrir el proceso, pero "nada de esto está ocurriendo", lamentó en su informe actualizado.

“La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias. Tan sólo el 31 de agosto el Ministerio Público comenzó a autorizar las visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos”, añadió Bachelet.

Agregó que la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público contra estas personas es por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros delitos presuntamente ligados a la implementación de fondos de cooperación.

Bachelet denunció que en las audiencias contra los opositores no pudieron acceder familiares, prensa independiente y en la mayoría de los casos, tampoco abogados de confianza.

“Pese a haberse presentado varios recursos de habeas corpus, no tenemos información acerca de ninguna decisión judicial favorable a las personas detenidas”, indicó Bachelet.

Finalmente lamentó que el Tribunal Electoral canceló “arbitrariamente” la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, invalidando sus candidaturas sin que pudiera presentar su defensa.

“Este hecho, sumado a la cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado, eliminó todas las opciones posibles para las candidaturas de las principales agrupaciones de la oposición”.

Clausura de organizaciones y exilio

Bachelet informó además que su oficina corroboró que en solo un mes el gobierno de Daniel Ortega clausuró 45 organizaciones sin fines de lucro.

Explicó que de seis de ellas eran organizaciones internacionales de cooperación, varias asociaciones médicas que expresaron críticas sobre la respuesta gubernamental frente a la pandemia y organizaciones de mujeres, entre otras.

También aludió al incremento de la cifra de nacionales que buscan salir del país.

"Cifras oficiales indican que solo en los meses de junio y julio, más nicaragüenses pidieron citas para solicitar refugio en Costa Rica, por los primeros cinco meses del 2021".

[Con reporte de Celia Mendoza]

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