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Congreso de Nicaragua cancela personería de 15 ONG’s más


En la foto de archivo el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, en el centro, preside una sesión para discutir la Ley Especial de Delitos Cibernéticos.
En la foto de archivo el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, en el centro, preside una sesión para discutir la Ley Especial de Delitos Cibernéticos.

Con las nuevas cancelaciones ya suman 55 los organismos no gubernamentales clausurados por el Congreso a petición del presidente Daniel Ortega.

Con 70 votos del oficialismo a favor, uno en contra y 13 abstenciones la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló, el jueves, la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales; con éstas se eleva a 45 el número de este tipo de organismos anulados en el último mes y 55 desde 2018.

En un comunicado oficial el Parlamento nicaragüense, de mayoría oficialista, afirmó que las nuevas cancelaciones de las Personerías Jurídicas fueron aprobadas a solicitud del Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Registro y Control de Asociaciones.

Según el documento entre las razones para proceder a la anulación están “el vencimiento de los plazos de las Juntas Directivas de cada una de las entidades; no presentaron estados financieros entre los períodos del 2006 al 2020”.

Además, el diputado oficialista Filiberto Rodríguez, encargado de introducir la iniciativa, citaba en ésta que las entidades civiles sin fines de lucro además no precisaron “claramente [sus] fuentes de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos” de esas entidades.

Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos en Nicaragua condenó las cancelaciones y denunció en su cuenta de Twitter, lo que consideran una “sistemática represión que el régimen Ortega-Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera sus derechos humanos”.

La institución también exigió a la Administración Ortega “el cese de la represión ejecutada contra las organizaciones de la sociedad civil” y pidió cumpla “su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y garantías constitucionales, así como lo establecido en diversos Instrumentos Internacionales”.

Entre las oenegés afectadas figura la Fundación Mejía Godoy, vinculada a los conocidos músicos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, críticos del Gobierno Ortega-Murillo y quienes salieron de Nicaragua posteriormente al estallido de la crisis política que generó una serie de protestas sociales en 2018.

Otros organismos destinados a desaparecer son Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Acción Médica Cristiana, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS) y otras.

Hace menos de dos semanas, el 16 de agosto, el Parlamento también canceló a seis ONG’s europeas y estadounidenses.

Los bienes y activos de estas oenegés ahora se venderán o pasarán a ser propiedad del Gobierno.

Las ONG's, varias de las cuales han estado en Nicaragua durante años, trabajaban en temas como derechos humanos, medio ambiente, alivio de la pobreza, salud y proyectos de desarrollo con mujeres rurales, entre otros.

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