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CIDH otorga medidas cautelares para Cristiana Chamorro y otros detenidos en Nicaragua


Cristiana Chamorro favorita en las encuestas para disputar la presidencia a Daniel Ortega en las elecciones generales de noviembre fue la primera es ser procesada y detenida. En la imagen Chamorro declara a la prensa sobre su situación (Foto archivo)

La CIDH dice que el otorgamiento de la medida cautelar para Chamorro y otros tres detenidos en el mismo caso y su adopción por parte del Estado no constituyen un prejuzgamiento. La instancia puede elevar la petición ante la Corte Interamericana.

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro detenida por el gobierno de Nicaragua ya goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciadas este día en Washington.

Además de Chamorro, la Comisión también ha amparado a Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, todos ex integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contra la que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una investigación por supuesto lavado de activos.

Una acción que vigilantes regionales de derechos humanos así como la comunidad internacional califican de una maniobra del gobierno de Ortega para evitar a toda costa tener contrincantes para los comicios electorales del 7 de noviembre próximo.

Según denuncias de organizaciones como Human Rights Watch, Chamorro se encuentra “secuestrada” en su vivienda donde esta aislada e incomunicada en su dormitorio, donde es custodiada por las fuerzas de seguridad del estado que han tomado control de la vivienda.

La CIDH explicó en un comunicado la tarde de este lunes que emite la Resolución 49/2021 con medidas cautelares para amparar a los procesados ante lo que “consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”, dice el comunicado.

La comisión ve creíble que la imputación de cargos contra la eventual candidata presidencial responden a una acción deliberada desde el gobierno de Ortega que tiene controlado todo el poder del estado que incluye al sistema de justicia parea reprimir opositores.

“Ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención”, dice la resolución.

Según la CIDH, el seguimiento y acoso a los ahora amparados por medidas cautelares obedece en parte por su papel desempeñado desde la fundación para defender el ejercicio de la libertad de expresión frente al gobierno sandinista.

“La Comisión Interamericana tomó en cuenta el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, el que viene siendo monitoreado por su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua (MESENI), así como por la especial situación de exposición en la que se encontrarían las personas que se han manifestado en contra de las acciones de represión del actual gobierno”, dijo la instancia en su parte de prensa.

Y sobre todo Cristiana Chamorro está en la diana de ataques por su aspiración a competir en las próximas elecciones generales, el gobierno de Ortega inició la cruzada contra la fundación a finales de mayor de este año y procedió a las detenciones a las que han seguido otros líderes opositores.

La semana pasada la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales contra otros cuatro detenidos y sus núcleos familiares, a la que Corte IDH respondió de manera urgente en un veredicto unánime la tarde del jueves donde exige al gobierno la liberación de los detenidos, de algunos se desconocía su paradero al momento de la solicitud.

Expertos en la materia han explicado que la petición de medidas provisionales ante la Corte IDH, con sede en Costa Rica debe estar precedida por una orden de medidas cautelares; en este primer paso de amparar a Cristiana Chamorro y los integrantes de la fundación con estas medidas ante el riesgo inminente a su integridad ha puntualizado la Comisión.

También advierte que puede elevar la petición de medidas provisionales ante la instancia del sistema interamericano como es la Corte IDH.

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