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Biden revoca sanciones de Trump contra funcionarios de la Corte Penal Internacional


Vista del edificio que ocupa la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. [Foto de archivo]
Vista del edificio que ocupa la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. [Foto de archivo]

El gobierno del entonces presidente Donald Trump había impuesto sanciones contra dos de los principales funcionarios de la CPI, por el empeño de este organismo en juzgar a EE. UU. por sus acciones en Afganistán.

En aras de buscar mediación antes que confrontación, el gobierno del presidente Joe Biden revocó el viernes las sanciones que Estados Unidos mantenía desde 2019 contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI).

El Departamento de Estado informó en un comunicado que “se han levantado las sanciones impuestas por la administración anterior [del presidente Donald Trump] contra la fiscal de la CPI Fatou Bensouda y contra Phakiso Mochochoko, jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía”.

Las sanciones contra el organismo internacional entraron en vigor hace dos años cuando el entonces mandatario republicano Donald Trump se enfrentó a la Corte por las acusaciones que hacía contra EE. UU. por el papel jugado por las fuerzas militares estadounidenses en la guerra librada en Afganistán a raíz de los ataques a las Torres gemelas en septiembre de 2011.

A solo dos meses de asumir la administración demócrata, la Casa Blanca ha dejado claro que las medidas del anterior gobierno “fueron inapropiadas e ineficaces”, señala el comunicado atribuido al secretario de Estado, Antony Blinken.

Aunque el gobierno del presidente Biden mantiene sus objeciones contra la CPI por sus intentos por llevar a EE. UU. a un juicio en una organización de la que no forma parte al no haber firmado el estatuto de Roma, al mismo tiempo considera más provechoso acudir a “la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI”.

Finalmente, recalca en el comunicado, que “el apoyo al Estado de derecho, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas por atrocidades masivas son intereses importantes de seguridad nacional de EE. UU”.

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