El Consejo Permanente de la OEA recibió el lunes un informe que detalla violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y concluye como “inviable” el funcionamiento democrático en el país bajo el gobierno actual.
El informe, que fue realizado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA a solicitud de varios países, recomienda que el Consejo Permanente de la OEA declare una "alteración del orden constitucional" en Nicaragua y se convoque un periodo extraordinario de sesiones.
La "meta", explicó el representante de Estados Unidos ante la OEA —uno de los países que conforman la comisión—, es que en las sesiones extraordinarias se invoque el artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA, suspendiendo a Nicaragua del organismo.
"El diálogo no va a existir mientras siga pasando lo que pasa hoy en día en Nicaragua", dijo Carlos Trujillo a periodistas a su salida de la sesión.
El informe, el cual también fue promovido por Canadá, Paraguay, Argentina y Jamaica, denuncia que el gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo un patrón de coacción de los derechos de sus ciudadanos y de la libertad de expresión.
“Hoy en Nicaragua cualquier disidencia es atacada”, dijo la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre Nicaragua a través de una videollamada.
“Los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente”, añadió Antonia Urrejola.
La comisión, nombrada por la OEA durante la Asamblea General en junio de este año, no contó con la colaboración del gobierno de Daniel Ortega para realizar el informe, el cual se negó a reunirse con el grupo.
"No obstante, la Comisión pudo escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas", indicó el reporte y subrayó la colaboración de El Salvador para facilitar reuniones con "importantes testigos".
El diálogo en Nicaragua entre el gobierno de Ortega y sectores de la oposición, mediado por la Iglesia Católica, fue terminado por el presidente a finales de julio de este año después de que se suspendieran las conversaciones en mayo. Como consecuencia, la Comisión califica de "infructuosas" las gestiones diplomáticas en su informe.
Precisamente por esta falta de colaboración, la comisión recomendó a la OEA que se declare una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua.
Los representantes de Estados Unidos, Costa Rica y Canadá hicieron eco de esta petición durante sus intervenciones en la reunión.
“Es hora de que el consejo responda a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, dijo el representante de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo. “Debemos reconocer que es necesario aumentar la presión diplomática”.
Por su parte, la representante de Nicaragua, Ruth Tapia, rechazó el reporte de la comisión de Alto Nivel, a la cual llamó “inexistente”.
“Algo que no existe no puede producir informes u opiniones”, dijo Tapia, “todas sus acciones las damos por inexistentes”.
