Decenas de trabajadores del Estado y simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega marcharon el sábado para “celebrar” la expulsión de Nicaragua de más de más 200 presos políticos, entre ellos sacerdotes, exdiplomáticos y opositores.
“Se fueron todos, todos alcanzaron en el avión, nosotros seguimos de frente. Nosotros queremos paz”, dijo una mujer que marchaba en una avenida de Managua.
A diferencia de las marchas de la oposición, que están prohibidas en el país centroamericano, los manifestantes oficialistas se desplazaron en la capital, Managua, con banderas rojas y negras, símbolo del partido Frente Sandinista, y con pancartas alusivas a Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La convocatoria concluyó con un concierto en la avenida Hugo Chávez, en Managua.
El evento se convocó dos días después de que la administración de Ortega excarceló y expulsó del país a más de 222 presos políticos, tras quitarles la nacionalidad por ser considerados “traidores a la patria”.
Entre ellos se encontraban algunos exfuncionarios oficialistas como Roberto Larios, vocero de la Corte Suprema de Justicia, quien hoy está en Washington.
"Yo no dejo de ser ciudadana nunca"
La reacción del lado de la oposición no se hizo esperar tras la marcha. Varios excarcelados nicaragüenses dijeron que Ortega no tiene la potestad de quitarles la nacionalidad.
"Yo no dejo de ser ciudadana nicaragüense nunca. Ahí nací, ahí crecí y ahí quiero morir", dijo a la Voz de América la opositora Suyen Barahona, presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua (UNAMOS).
Barahona valora que la decisión de Nicaragua "son malabares, incoherencias" y sin sustento legal. "En ningún lugar del mundo alguien puede quedar sin ciudadanía, son el reflejo de una dictadura que no puede sostenerse más", agregó.
De hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicaragua "restablecer los derechos políticos, y civiles" de los opositores, incluida la nacionalidad.
De momento el gobierno de Estados Unidos acogió a los excarcelados políticos y les otorgó un parole humanitario por dos años, mientras que España les ofreció la nacionalidad como un gesto solidario.
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