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ONG documenta que 261 personas han muerto en prisión durante el régimen de excepción en El Salvador


ARCHIVO: Guardias civiles en el exterior de las celdas del Centro de Confinamiento para el Terrorismo en San Salvador, El Salvador, el 2 de febrero de 2023.
ARCHIVO: Guardias civiles en el exterior de las celdas del Centro de Confinamiento para el Terrorismo en San Salvador, El Salvador, el 2 de febrero de 2023.

En el Salvador, una ONG documentó la muerte de al menos 261 personas que fueron detenidas durante el estado de excepción vigente, que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

La ONG Cristosal informó este miércoles que ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del Estado salvadoreño tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las pandillas.

Según el informe “El silencio no es opción”, Cristosal afirma que una amplia investigación de campo y el análisis de la información recolectada, permitió probar que “261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal”, durante el período comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024.

El informe que detalla que de las personas que murieron dentro de los centros de detención, 244 son hombres y 17 mujeres, se basa en las 3.642 denuncias que Cristosal ha recibido desde la vigencia del régimen de excepción por posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias, haciendo “un estudio a profundidad” de 1.178 personas detenidas.

Además dice que tras un análisis médico-forense, “Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas.” No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes, dice el informe.

“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad", afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.

Navas aseguró que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las victimas silenciosas”.

Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas.

Cristosal es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho investigaciones con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales.

Fue fundada por obispos anglicanos en la posguerra civil de El Salvador e “inspirada en el enfoque de la iglesia en la justicia y los derechos humanos”. Tienen oficina en varios países de la región, en El Salvador la abrieron en 2001, y aseguran que su misión es “defender los derechos, humanos y promover la democracia y justicia en Centroamérica”.

El informe de Cristosal se conoce un día después que el Congreso aprobó la 28ª prórroga del régimen de excepción, como parte de la estrategia de mano dura impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir las temibles pandillas, arraigadas por años en colonias y barrios populares del país.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado; además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

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Para reforzar la lucha contra las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Según información oficial, durante el régimen de erección las autoridades han capturado a 81.110 supuestos pandilleros o colaboradores, incluidos los principales cabecillas de estos grupos criminales.

La mayoría de los detenidos permanecen sin una sentencia judicial en su contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que libertar más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.

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